El déficit recurrente de los sistemas estatales de reparto los pagamos todos los contribuyentes, incluidas las familias más pobres y vulnerables, agudizando las desigualdades sociales

La profesora Nelly Amador criticó en el Sol de la Florida mis comentarios sobre el informe de EDUCA en relación a la sostenibilidad del INABIMA. Evade la realidad de que solo en una década podrá empezar a pagar la nómina de pensionados y jubilados.

Toda mi vida he defendido el derecho de los maestros a un buen salario y a una pensión digna. Incluso he criticado que los docentes aún con 30 años formando generaciones exitosas, no obtienen los beneficios que otros reciben en la mitad de ese tiempo. Y durante años presenté al SEMMA como el mejor modelo de seguro médico.

Nunca he defendido, ni defenderé las jugosas comisiones de las AFP. Todo lo contrario, me he opuesto a esta distorsión, he criticado los insuficientes beneficios de los afiliados y he apoyado en varias oportunidades la reducción de dicha comisión.

La profesora Amador debería saber que fui el primero en prever esta situación. En mi libro Como se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social, publicado en el 2004 señalé responsablemente la supresión de un párrafo del proyecto de Ley que limitaba esta alta comisión y el impacto de los bajos aportes sobre el nivel de las pensiones.

El reparto anida costosos déficits, privilegios y desfalcos

En nuestro país, los sistemas de reparto han propiciado una triple iniquidad: 1) permiten que una minoría se asigne pensiones privilegiadas; 2) transfieren el costo de  los déficit actuariales a las futuras generaciones; y 3) el costo de los privilegios, déficits y desfalcos lo paga toda la población, incluyendo a los más pobres.

Precisamente, hace unos días acento.com publicó que “dos informes del Ministerio de Defensa revelan un déficit de RD$ 212.2 millones, en los fondos acumulados por los militares a la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Las irregularidades se habrían cometido entre 2010 y 2012, pero fueron detectadas en febrero de 2013 cuando se iniciaron dos auditorías internas.

Este es un ejemplo típico de que el reparto anida el uso indebido del esfuerzo de miles de soldados y oficiales que con sus limitados salarios aportan a ese Plan. Y todos sabemos que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica común en nuestro país, como ocurrió hace unos años en el SEMMA.

Yo le pregunto a la profesora Amador, ¿esos militares deben perder sus ahorros? Entonces, ¿de dónde van a salir los fondos para “recapitalizar” ese Plan? Sin ninguna duda, ese déficit lo pagaremos todos los contribuyentes. Y posiblemente los principales responsables queden impunes como en SEMMA.

¿Conoce alguien alguna situación igual o similar en el sistema de capitalización individual? ¿Alguien se ha asignado, o podría asignarse una pensión privilegiada? El fondo de pensión permanece intacto, fuera de la discrecionalidad, de la voracidad y de los privilegios de “quienes reparten y reparten”.

Si se quiere evaluar a fondo este problema, primero debemos distinguir entre la capitalización individual como sistema y su torpe administración por parte de las AFP, cuya ambición desmedida está matando la gallina de los huevos de oro. Y luego analizar los demás factores que inciden en la baja tasa de reemplazo.

Elevemos el nivel del análisis. Evitemos las etiquetas ideológicas, los enfoques simplistas, unilaterales y panfletarios, que en nada ayudan a la población a empoderarse del problema para defender sus legítimos derechos, y que sólo contribuyen a mantener el statu quo a favor de las élites de siempre.  ADS/158/20/10/2016