En el campo de la seguridad social, el año pasado estuvo matizado por una serie de acciones con resultados sociales más agrios que dulces, tanto en salud como en pensiones.

Los afiliados al seguro familiar de salud continuaron enfrentando, sin protección, los incrementos ilegales y unilaterales de los copagos, elevando el gasto de bolsillo. Crecieron las críticas y reclamos contra las exclusiones de servicios esenciales, y lejos de reducirse, se acentuaron las críticas sobre los excesos de las ARS y las PSS.

Las tradicionales limitaciones y deficiencias de los servicios de la salud pública fueron expuestas en múltiples ocasiones, por los propios profesionales del sector y por los medios de comunicación social que se hicieron eco de las constantes quejas de los usuarios.

La capacidad de atención médica continuó siendo baja, debido en parte, a la remodelación y reequipamiento simultáneo de más de 60 hospitales y centros de salud en todo el país, con retrasos perturbadores.

Además, predominó la dilación e insuficiente asignación de recursos a los centros de salud, como resultado de un presupuesto inferior al 2.0% del producto interno bruto (PIB), acumulando una deuda superior a los 3,500 millones con los suplidores de los hospitales públicos.

Por más de 10 meses la gobernabilidad del sector estuvo en juego, debido a paros y tensiones por la resistencia gubernamental a atender las demandas salariales de los gremios encabezados por el Colegio Médico Dominicano (CMD), situación que finalmente quedó resuelta en octubre pasado.

Pocos avances en el campo previsional

Las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continuaron elevadas, superando en 3.6 veces la rentabilidad del fondo de pensión, resultado  considerado como un abuso de poder y una distorsión en contra de los afiliados.

En adición, recientes estudios revelaron que las pensiones a ser otorgadas dentro de una década apenas equivaldrán al 22% del ingreso promedio del trabajador. Estos estimados indican que cerca de dos millones de trabajadores dominicanos ya están condenados a vivir sus años de retiro en la pobreza y la indigencia.

Durante el año creció la preocupación por el destino y el rumbo de la seguridad social, cuyos principales desviaciones fueron constantemente criticadas por amplios sectores de la opinión pública, fortaleciendo la convicción de que las AFP, ARS y las PSS son las mayores beneficiarias del sistema y no los asegurados, como establece la Ley de Seguridad Social.

En medio de este panorama general con resultados agridulces, las autoridades respondieron con una propuesta de modificación de la Ley 87-01 de seguridad social, con soluciones a algunos problemas existentes orientados a reducir la evasión y elusión y a facilitar la afiliación provisional de las micros y de otros grupos.

Sin embargo, no se advierten cambios significativos que realmente inclinen la balanza hacia la población afiliada. Por el contrario, en varios casos, incluye costos y retrocesos que niegan la esencia solidaria y el carácter universal del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), varios de los cuales ya hemos comentado.

Al reiniciar el envío de estos mensajes, abrigamos la esperanza de que las autoridades abran el diálogo y las consultas con los sectores y actores realmente representativos de la población, a fin de lograr una propuesta coherente que amplíe y garantice los derechos de los afiliados.  ADS/168/12/01/2017