Los cambios son necesarios. Lo aconsejable es definir las urgencias, fomentar el diálogo y la concertación, y mantener informada a la opinión pública y a la población.

El Dr. Pedro Luis Castellanos abogó nuevamente por una modificación urgente de la Ley 87-01 de Seguridad Social “para que haya una mayor regulación y cobertura a favor de los usuarios del servicio de salud, y colocar los derechos de los pacientes por encima de los privilegios”.

Consideró que, a pesar de los avances, aún quedan muchos desafíos, ya que los problemas del Sistema no son por exceso de normativas, sino por las debilidades de éstas, lo cual requiere de cambios.

Concordamos con Castellanos sobre la necesidad de la atención primaria de salud, para establecer una atención integral y continua, con un verdadero plan básico de salud, y un primer nivel de atención que fomente la salud y los buenos hábitos, como estrategia para extender los años de vida saludables y productivos.

Además, que el pago a los aseguradores por servicios prestados, induce a excesos y fraudes que encarecen innecesariamente la atención, y fomentan prácticas nocivas a la salud y al bienestar de la población. Y que es necesario convertir a las ARS de simples pagadoras intermediarias, en verdaderas administradoras del riesgo.

El Superintendente reconoció que muchos de los copagos son ilegales, y que son impuestos unilateralmente por los proveedores, con el agravante de que a los pacientes se les niega un recibo de pago válido.

La privatización es hija de las deficiencias del sector público

El Dr. Castellanos señaló que la Ley de Seguridad Social “ató de manos al Estado, porque se aprobó en una época en que estaba de moda el pensamiento neoliberal y el dogma de que el mercado iba a resolver todos los problemas”.

Recordemos que a partir del 1970 los servicios públicos se deterioraron notablemente, realidad expresada en todas las encuestas, y en el rápido crecimiento de la medicina privada. A partir de entonces, de cada tres asegurados, dos pertenecían al sector privado y sólo uno al IDSS, generando la doble cotización.

A pesar del peso dominante de la medicina privada, durante cuatro décadas se formularon propuestas para ampliar la cobertura del seguro social, y fracasaron porque todas estaban orientados a inflar a un IDSS ineficiente y sin aceptación popular, ignorando la estructura de la demanda real.

En esas condiciones, el SDSS se diseñó de la única manera que era posible: aceptando las preferencias de la población mediante la diversidad, y consagrando su derecho a la libre elección, bajo el principio de que “un sistema universal no puede ser excluyente de nadie, ni de nada”. Además, se estableció la competencia regulada mediante la habilitación y supervisión de todas las ARS y las AFP, públicas y privadas.

Todo lo contrario, a la corriente neoliberal se antepuso el pensamiento progresista de entonces: “construir una sociedad basada en el conocimiento”, los recursos humanos son el principal recurso del desarrollo”, “fomentar modelos económicos incluyentes y solidarios”, y “primero la gente”, entre otros.

El error estuvo en consignar el veto, bajo la premisa inocente de garantizar que las decisiones fundamentales contaran con el apoyo de los tres sectores con representación plural y que financian el sistema, responsabilidad que he asumido públicamente en varias oportunidades.

Ciertamente, los cambios en la Ley de Seguridad Social son necesarios y urgentes. Pero dada su complejidad, lo aconsejable es priorizar y centrarse en las urgencias, fomentar el diálogo y la concertación, y mantener informada a la opinión pública y a la población. ADS/208/05/10/2017