El inicio de la atención primaria para todos, así como las sanciones por la falta de aplicación de los protocolos, están condicionados por los intereses mercantiles de minorías y por las presiones de gremios de la salud

Cuando el ministro de Salud Pública señaló “que la lucha de intereses ha dificultado la implementación de la atención primaria en todo el sistema”, está confirmando dos grandes verdades: a) que los grupos minoritarios condicionan la aplicación de las leyes; y b) que nuestros gobernantes faltan al juramento de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

Siempre se ha dicho que aprobamos buenas leyes, que luego no se cumplen. Y es cierto porque, si en nuestro bello país, ni siguiera se respeta la ley de tránsito, imagínense lo que ocurre con la Ley de Seguridad Social, donde convergen muchos intereses multimillonarios.

A tal extremo hemos llegado, que las declaraciones del ministro Dr. Rafael Cárdenas en el almuerzo del grupo Corripio, no tuvieron, ni tendrán, ninguna consecuencia en la opinión pública, ya que, para muchos, constituyen una excusa “aceptable”. Llama poderosamente la atención que el 27 de febrero, el Presidente Danilo Medina obviara el tema de la atención primaria.

En el caso de la salud, los verdaderos problemas no residen en las leyes 42-01 y 87-01, sino en la posposición de las reformas estructurales que las mismas plantean; en la vigencia de los reglamentos que la distorsionan; y en la falta de supervisión y autoridad para aplicar las sanciones correspondientes.    

En el caso de la atención primaria existe una doble moral, muy extendida entre la clase política y los grupos de presión. Su inclusión en la Ley 87-01 fue sancionada y firmada, tanto por la entonces Asociación Médica Dominicana (AMD), como por la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), los dos únicos gremios que hoy la rechazan.  

Más evidencias del irrespeto a la Ley y de la falta de institucionalidad

El ministro de salud confirmó que “el 60% de los médicos no aplica el protocolo aprobado para la atención de los partos y de los recién nacidos, lo que incide en las altas tasas de muertes maternas y neonatales”.  Y señaló que esos indicadores “no se les pueden atribuir solo a los facultativos, porque también hay una responsabilidad del sistema”.

Pero cuando los periodistas le preguntaron sobre la posibilidad de aplicar las sanciones que establece la Ley 42-01, por la responsabilidad de las muertes que recae sobre los médicos, el ministro “responsable de aplicar la Ley General de Salud” señaló que “no se trata de actuar como policías”.

En la larga entrevista el Ministro no informó sobre acciones concretas para conjurar estos males. Pero dijo lo de siempre: “que se está trabajando en un plan estratégico”, y “que la solución de los problemas (léase, la aplicación de la Ley y los reglamentos) tiene que ser mediante el diálogo y la concertación”.

Estas expresiones confirman la falta de autoridad e institucionalidad que reina en el país. No basta el diálogo y la concertación para aprobar las leyes sino, además, es necesario un nuevo diálogo y una nueva concertación para aplicarlas. Como dijo alguien, “es que aquí las leyes se reducen a una declaración de intención”.  

Nuevamente estamos ante la aplicación discrecional de la ley, siempre a favor de los intereses y grupos de presión, y sin importar el dolor de las familias pobres. Y a pesar de la afrenta frente al concierto de las naciones, de tener una de las tasas de mortalidad materno-infantil más elevadas del continente.  ADS/280/28/03/2019