El proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social incluye mejoras en el área de salud, pero se queda muy corto en las medidas necesarias para elevar el monto  de las pensiones futuras

El proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a disponer, cada tres años, de las utilidades o beneficios acumulados por el Seguro de Riesgos Laborales, después de constituir las reservas técnicas para cubrir los pasivos presentes y futuros, que establezcan los estudios actuariales de la SISALRIL.

Considero que esta no es la mejor solución, aunque esta facultad esté condicionada a la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y a que los excedentes solo sean utilizados en proyectos de protección y mejoramiento de los trabajadores, de acuerdo a los planes de la SISALRIL.

Este excedente debería contribuir a crear un fondo para garantizar el seguro de salud que tanto necesitan y merecen los pensionados y jubilados.  Otra opción sería utilizarlo como parte de una solución integral orientada a elevar la tasa de reemplazo de las pensiones, a fin de contribuir a asegurar un retiro digno.

Enfocar las pensiones con visión de futuro

Lo más desconcertante del proyecto de ley es que establece una comisión anual a las AFP sobre el saldo de la cuenta de capitalización individual, la cual sería establecida por la SIPEN, en base a una metodología de cálculo y periodicidad que ella misma establecería, “según las condiciones del mercado y otras variables que considere pertinente”.

Esta propuesta equivale a “lavarse las manos como Pilato”, o a dar un “cheque en blanco”. En nuestra cultura política resulta inconcebible dejar en manos de una entidad técnica, pero sin cogobierno moderador, una decisión tan trascendental, que con un solo plumazo podría afectar por décadas el bienestar de millones de trabajadores dominicanos.

Una decisión tan importante sobre un tema tan controversial, y tan condicionado por intereses multimillonarios, no puede quedar en mano de ningún ejecutivo, independientemente de su pulcritud y capacidad técnica. En este país, esa facultad no la tiene ni el Presidente de la República.

Esta propuesta no le garantiza absolutamente nada al país, ni mucho menos a los esforzados trabajadores. Es un simple enunciado, muy vago, interpretativo y  sujeto a todo tipo de discrecionalidad, en un país con instituciones tan débiles y debilitadas.

Si yo fuera el Superintendente no aceptaría tal responsabilidad, ya que cualquier decisión podría ser cuestionada y recurrida ante los tribunales. Y lo peor es que los jueces no tendrían elementos de juicio, ningún parámetros para juzgarla!!

Un alto funcionario me llamó y reconoció tales debilidades y prometió enviarme una versión mejorada. En vista de que la misma no llegó a tiempo, decidí seguir adelante con mis comentarios, que espero les sean de utilidad. Cuando conozca la nueva formulación, volveré sobre el tema.

Ha llegado el momento de que las autoridades hagan lo posible para mejorar el sombrío panorama de las futuras pensiones. Este tema no debe subestimarse porque todavía no genere presiones sociales. Si bien el proyecto tiene puntos positivos en el área de la salud, en pensiones se queda muy corto, en relación a los problemas detectados.

Todavía hay tiempo para balancear la carga previsional. Considero que, junto con la reducción clara, justa y específica de las comisiones de las AFP, se debería reducir el costo del seguro de vida y el aporte a riesgos laborales. Y además, aprobar un aumento gradual de la cotización obrero patronal.

Veámonos en el espejo de otros países con pensiones bajas. No esperemos que nos roben para poner candados. Legislemos en beneficio de las mayorías tomando decisiones ahora, con visión de futuro. ADS/164/01/12/2016