Cuando un taxista compra gasolina y su mujer la comida, está pagando impuestos para sostener pensiones privilegiadas, y sin derecho siquiera a la pensión mínima

Hace unas semanas, varios diarios informaron que los anteriores miembros de la Junta Central Electoral (JCE) fueron pensionados, indicando los montos de las mismas. No voy a mencionar  nombres,  porque sólo quiero concentrarme en las lecciones que se derivan de esa información.

Todas las pensiones son altas y promedian unos 300,000.00 mensuales. Y, en honor a la verdad, ese monto no es el mayor que ha otorgado el Estado; que existen pensiones que superan los 800,000 y hasta más de un millón de pesos mensuales. Aunque usted no lo crea.

Pero, para no exagerar las cosas, me quedo en los 300,000.00. Ese monto supera 58.6 veces el nivel actual de la pensión mínima que reciben más de 90,000 pensionados del Estado, congelado desde hace 12 años.  No hablemos de las micros pensiones de los ayuntamientos.

La primera pregunta qué uno se hace es qué tipo de sociedad y qué tipo de Estado tenemos, que fomenta tal nivel de desigualdad social. Cómo se puede hablar de igualdad de oportunidades, de justicia social, y demás idealizaciones, en un país con una brecha tan enorme entre la gente de a pie y los ciudadanos que andan en coche y con chofer.

Ambos tienen en común que son servidores públicos y que pertenecen al sistema de reparto, donde todos aportan a un fondo común, y luego unos cuantos ciudadanos en coche, reparten y reparten, y se quedan con la mayor parte, como dice el refrán.

Pero, a partir de ese punto, las diferencias afloran de inmediato: la gente de a pie, sin influencias ni nombres propios, recibe el mínimo del reparto, mientras los ciudadanos en coche se auto asignan la mayor parte; establecen las reglas de juegos a su medida y las modifican con el mismo propósito.

Hasta los taxistas pagan el déficit que arroja el reparto

Supongamos que, en promedio, esos ciudadanos en coche disfrutan de buena salud y viven 20 años más. En tal caso, cada uno recibirá unos 78 millones de pesos, pero podrían llegar a 117 millones, si la pensión se extiende por 30 años. Y sin calcular la pensión de sobrevivencia, igualmente jugosa.

¿Y cuánto fue su aporte de por vida? Si suponemos un salario de 300,000 y 25 años cotizando el 10%, aporte ascendió a 9.0 millones. Imaginémonos que la inversión triplicó esos fondos llegando a 27.0 millones. Todos saben que intencionalmente estoy exagerando los cálculos ya que supongo un salario inicial, similar al final, lo cual nunca ocurre. Y una inversión excepcional.

Cada ciudadano en coche recibirá 51.0 millones más que lo aportado incluyendo los intereses (78 -27), o en el mejor peor de los escenarios, unos 90 millones (117-27). ¿De dónde saldrán esos 51 millones adicionales?  Todos saben que no comulgo con el reparto, pero si alguien me da una explicación que se ajuste al principio de equilibrio, equidad, igualdad y solidaridad, cambio de idea y salgo a promoverlo.

Mientras tanto, esos 51, que insisto podrían ser 90 millones, sólo pueden salir del bolsillo de los contribuyentes, vía impuestos al Estado y presupuesto adicional a la JCE, o a cualquier institución pública de que se trate. Esos privilegios irritantes son los que explican porque todas las instituciones autónomas y descentralizadas se auto excluyeron del sistema de capitalización.

Eso quiere decir, en buen español, que cuando un taxista compra dos galones de gasolina para sobrevivir, está pagando parte de ese privilegio con el impuesto al combustible. Y cuando su mujer hace la compra, paga más ITEBIS para sostener esa injusticia. Y, peor aún, a pesar de esos impuestos, él no tendrá derecho, ni siquiera, a la pensión mínima que recibe la gente de a pie.

¿Qué pasaría si fuese capitalización individual?  La próxima semana responderé a esa pregunta. Será interesante. ADS/186/11/05/2017.