Un estudio del FMI demostró que en Brasil el 35% de los subsidios para pensiones se paga al 20% más rico, mientras el 20% más pobre solo recibe el 4% del subsidio, pagado por todos los contribuyentes
En el mensaje anterior señalé que, al agotarse el fondo de retiro de María, para pagar su pensión anual de 182,000 pesos, es necesario el aporte de 9.5 trabajadores activos, con un salario promedio de 20,000 pesos, o su equivalente. Y que estos trabajadores pierden su derecho a acumular sus aportes y a invertirlos para obtener intereses, matando la gallina de los huevos de oro.
Se trata de un uso inconsulto y compulsivo de las cotizaciones de todos los afiliados, incluyendo a los más pobres. Los expertos del sistema lo denominan “solidaridad intergeneracional”, una licencia legal para endeudar progresivamente a las actuales y futuras generaciones, como señalan los estudios de la OCDE y del Foro Económico Mundial.
En realidad, es el pecado original del reparto; es una distorsión de la verdadera solidaridad social. La solidaridad social no es un préstamo, ya que implica una redistribución real; un sacrificio de quienes tienen más, a favor de los “desheredados de la fortuna”, como decía Peña Gómez.
Con este argumento se diseña, defiende y sostiene un sistema que penaliza, y endeuda de antemano, a las futuras generaciones de trabajadores, antes de que comiencen a trabajar, e incluso, antes de que nazcan. Y todo sin que los involucrados tengan la menor información, ni consciencia de sus implicaciones y resultados.
Contrario a la propaganda, la solidaridad social resulta muy limitada. El sistema no redistribuye el ingreso, sólo reproduce la estructura desigual del mercado laboral, ya que los aportes y las pensiones representan porcentajes fijos del salario de cada trabajador. Desde luego, aquí obviamos los privilegios que se otorgan las minorías influyentes.
La excepción a esta regla la constituye la garantía de la pensión mínima, ya que en este caso suele haber una transferencia real a favor de los más pobres y vulnerables. Pero, en los países con impuestos regresivos, el costo de estos subsidios recae con mayor severidad sobre la población de escasos recursos. Un estudio del FMI demostró que en Brasil el 35% de los subsidios para pensiones se paga al 20% más rico, mientras el 20% más pobre solo recibe el 4% del subsidio.
Una carga más pesada que la deuda pública
¿Cómo puede presentarse la “solidaridad” intergeneracional como una solución social, si hasta los trabajadores más pobres, que apenas reciben el salario mínimo, tienen que aportar para pagar las pensiones de las minorías que se auto asignan libremente su propio salario para obtener una jugosa pensión, sin haber cotizado nunca sobre ese monto?
¿Cómo justificar que los aportes de una joven y humilde trabajadora, que hace la limpieza y prepara el café en una oficina pública, o en una empresa privada, sean utilizados para pagar la pensión de su antiguo jefe, con un monto 30 ó 40 veces superior al salario mínimo que ella recibe?
En la mayoría de los casos, esos subsidios se constituyen en un agujero negro que supera el gasto público en educación y salud, reduciendo los programas sociales orientados a las familias más pobres y vulnerables.
El impacto del creciente déficit financiero del reparto resulta mucho más trastornador y traumático que la deuda pública. Mientras ésta es limitada y definida en el tiempo, el déficit actuarial es creciente e ilimitado superando, incluso, la deuda pública de varias naciones.
Finalmente, este endeudamiento recurrente violenta el deseo y la tradición familiar. Todos los padres responsables aspiran a que sus hijos, además de una buena educación, reciban la mayor herencia posible, para elevar sus niveles de vida, generación tras generación.
Ningún padre responsable quiere dejarles a sus hijos deudas y compromisos financieros recurrentes. Como dijo Jorge Washington: “Ninguna generación tiene el derecho de contratar deudas mayores que las que pueden pagar durante su propia existencia”.
ADS/256/27/09/2018