Todos los sistemas de pensiones están en crisis en el mundo. Es tiempo de abandonar los prejuicios para llegar al fondo del problema

En España el sistema de reparto está haciendo agua, ahogando el presupuesto público. Según las autoridades, en los últimos seis años el fondo de reserva se ha consumido en un 80%, lo que ha provocado un encendido debate y muchas preocupaciones.

En los últimos cuatro años, ha descendido de 66,815 millones de euros, a sólo 32,485. El pasado año el déficit superó los 18,000 millones de euros. Se calcula que en el 2015 el saldo negativo alcanzó el 1.7% del PIB, frente al 1.4% del 2014.

Fuentes españolas señalan que ni siquiera la buena marcha de la economía garantiza una subida de las pensiones, una muy mala noticia que mantiene inconforme y en zozobra a la mayoría de los jubilados y pensionados.

Para restablecer el valor real de las pensiones, el PIB tendría que crecer por encima del 4%, pero apenas será del 2.7% el año entrante y en los siguientes a un 1.6% promedio. Las pensiones seguirán congeladas, con ajustes insignificantes de apenas el 0.25%.

Como se sabe, la estabilidad del reparto depende de la relación entre los cotizantes y los pensionados. Pero la misma está sufriendo cambios profundos. En España y Francia, en poco más de una década pasará de 3.6 y a 2.0 activos por retirado.

En el 2014 Alemania, Italia y Grecia tenían 3.1 activos y en el 2030 sólo 1.7 por pensionado. En todos los países, la cantidad de activos cotizando por jubilado se reducirá a menos de la mitad, debido a la automatización y al envejecimiento.

“No más parches, urge una reforma integral”

Ante estos resultados, crece la convicción de que el sistema ya no admite más parches y que la inacción resulta insostenible. Que urge una reforma integral, capaz de garantizar su viabilidad, ya sea eliminando gastos o aumentando los ingresos.

Inicialmente el reparto garantizaba, con sólo 20 años de cotización, una pensión del  80% del último salario, una atractiva prestación responsable de los déficits recurrentes, ya que genera una brecha creciente entre los aportes y los beneficios “ofrecidos”.

Además de aumentar los aportes, otra medida común es incrementar el tiempo  requerido para acceder a una pensión completa. En los últimos años España lo aumentó gradualmente a 37 años y Francia a 43 años, acabando con las vacas gordas.

Las quejas de los españoles crecen y crecen. Ahora, para cobrar una pensión completa: 1) tienen que jubilarse más tarde (la edad irá subiendo hasta los 67 años en 2027); 2) tendrán que cotizar durante más tiempo (37 años); y 3) su pensión sólo equivaldrá a   una parte del salario promedio de la última década.

Lógicamente, estos cambios resultan doblemente difíciles y dolorosos. En primer lugar, para los pensionados y jubilados, cuyo nivel de vida tiende a la baja. Y en segundo lugar, para los políticos, quienes pagan un alto costo por las promesas incumplidas.

Si los sistemas de reparto arrastran un déficit estructural, aún en las naciones más ricas  y organizadas, ¿que no pasaría en nuestro país, donde ya tenemos muestras evidentes del costo adicional de la debilidad institucional, de la desigualdad y de los privilegios?.

Mientras tanto, en nuestro país la actual incertidumbre impulsa a grupos y personas a rechazar de plano la capitalización individual, y a defender en forma acrítica un sistema de reparto que en naciones desarrolladas se ha convertido en un agujero negro.

Reitero que todos los sistemas de pensiones están en crisis en el mundo. La semana pasada reconocí las bajas pensiones del sistema de capitalización y ahora los déficits y la erosión de los cimientos del sistema de reparto. Es tiempo de abandonar los prejuicios e ir al fondo del problema. Continuaré. ADS/204/14/09/2017