Los españoles dicen que el sistema de reparto está reculando, pues ahora tendrán que trabajar siete años más para recibir una pensión un 35% menor

El déficit actuarial inherente al sistema de reparto hace varias décadas que está generando una crisis financiera incontenible, que crece como una bola de nieve, en todos los países con sistemas previsionales adultos. España es uno de los principales exponentes de esta situación.

Desde hace más de tres décadas, ese país ha tenido que afrontar el costo económico y político de mantener un sistema de pensiones que ofrece más de lo que puede generar, basado en un falso principio de solidaridad intergeneracional. Esta situación insoportable ha obligado a los diferentes gobiernos a tomar decisiones de salvamento que, en el fondo, acercan más al reparto a un sistema de capitalización individual. Así como usted lo lee. Los extremos se atraen. Veamos.

En el año 1985 el gobierno socialista de Felipe González, a pesar de su ideología socialista democrática y su inclinación política hacia los trabajadores, no tuvo otra opción que imponer una reforma basada en dos decisiones sumamente dolorosas y perjudiciales para los trabajadores españoles que lo habían llevado al poder.

La primera medida impopular, pero absolutamente necesaria, consistió en  establecer  un “tope”, limitando el monto máximo de las pensiones de los españoles, ignorando el monto de sus aportaciones, y la cantidad de años de cotización, lo cual es una distorsión que incentiva la evasión y desincentiva la continuidad y los años como cotizante.

La segunda medida, más impopular aún, fue ampliar el periodo de cálculo para determinar el monto de las pensiones de 2 a 8 años. Con lo cual, se redujo significativamente el monto de las pensiones, para reducir el impacto del déficit actuarial.

Con estas dos reformas odiosas se inició la eliminación gradual de la principal ventaja y del atractivo del sistema de reparto. Desde luego, se realizaron muchas protestas, las cuales culminaron con una huelga general de los trabajadores españoles. Pero, a pesar de esta resistencia, el realismo se impuso finalmente.

Un sistema que tiene que recular para sostenerse

No obstante su impacto catastrófico, esta primera reforma no liberó a España del creciente déficit del sistema de reparto. Sólo alivió el problema, dejando latente la raíz del déficit. Doce años después, en 1997, las autoridades volvieron a reformar el sistema, elevando a 15 años la base de cálculo de las pensiones a otorgar.

Tratándose de un déficit creciente y recurrente, nuevamente en el 2011 fue necesario imponer dos reformas regresivas adicionales para reducir las prestaciones previsionales de los atribulados trabajadores españoles: a) se aumentó la edad de jubilación de 65 a 67 años; y b) se elevó a 25 años el período de cálculo de las pensiones, de forma gradual que se culminará en el 2022.

Desde luego, en la medida en que el sistema de reparto comienza a otorgar pensiones tomando en cuenta prácticamente toda la vida laboral de cada trabajador para reducir los déficits y poder sobrevivir, en esa misma medida se acerca a la esencia y la lógica fundamental del sistema de capitalización individual.

Estudios independientes indican que estas medidas reducirán el monto mensual de las pensiones entre un 30% y 40%, lo que escandaliza y atormenta a los españoles, a los cuales los políticos le vendieron un sistema milagroso, donde se aportaba muy poco y se obtenía mucho. Y, en adición, les ofrecía un retiro a los 60 años, con solo 25 de cotización.

Pero, como dicen algunos, la realidad pesa mucho, por lo que termina imponiéndose a la demagogia política y a las demandas desmedidas. Ahora las nuevas generaciones de españoles no les quedan otro remedio que trabajar siete años más para recibir un 35% menos. Ya los años dorados del sistema de reparto forman parte de la historia laboral.

Pero, que no se crea que señalo estas realidades e incertidumbres para justificar simplemente el sistema de capitalización individual. Como he señalado en múltiples ocasiones, también el mismo requiere de importantes ajustes para evitar distorsiones que alejen a los trabajadores de una pensión digna. ADS/222/01/02/2018