El gasto público insuficiente y la falta de una gestión moderna, explican el deterioro, las deficiencias y la falta de medicinas e insumos en la red pública de salud

En esta semana, dos actividades pusieron de manifiesto el carácter permanente de la crisis por la que atraviesan los hospitales públicos del país desde décadas, afectando a cientos de miles de personas que, debido a sus escasos recursos, están obligadas a acudir regularmente a la red pública de salud.

El lunes el pastor Pablo Ureña se encadenó públicamente, como un acto desesperado para llamar la atención sobre las deficiencias del Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago,  un centro regional que presta servicios a los niños y niñas de 14 provincias del Cibao.

De acuerdo al encadenado, este hospital carece de los equipos esenciales, por lo que su personal no puede dar un buen servicio, como demandan las familias pobres. Denunció que carece de un tomógrafo y sólo funciona “un quirófano de los siete existentes”.

Señaló indignado que “da vergüenza, que a diario mueran niños que no pudieron ser atendidos a tiempo en este hospital por la falta de un aparato de bajo costo” y criticó que “el Gobierno gaste millones de dólares en artículos y cosas menos significativas, que los equipos de este hospital regional para niños y niñas pobres”.

Estas calamidades constituyen un alto riesgo contra la salud, la tranquilidad familiar, y hasta las vidas de muchos infantes. Cuando sus padres los llevan al hospital se enteran que no pueden hacerles una tomografía, teniendo que trasladarlos a centros privados, sin contar con recursos para afrontar ese gasto.

Paros laborales por incumplimiento de los acuerdos

Cuando creíamos haber asegurado la gobernanza del sector, tras los acuerdos firmados hace unos meses entre el Gobierno y los gremios de salud, técnicos y enfermeras del Servicio Nacional de Salud (SNS) paralizaron por 24 horas todos los hospitales y centros de salud del Sur, por el incumplimiento de dichos acuerdos.

La principal demanda consiste en el pago de 60 millones de pesos por  incentivos del Seguro Nacional de Salud (SENASA). Además, reclaman más enfermeras y técnicos, considerando que hacen falta en los hospitales y centros de salud a nivel nacional.

García Cruceta, vocero del grupo, sostuvo que los hospitales son inseguros, la planta física se encuentra deteriorada, las remodelaciones llevan cinco años de iniciadas, y no hay medicamentos ni reactivos. Deploró  la  precariedad en que trabajan.

Los gremios anunciaron una lucha escalonada que se inició en el Sur, y se  extenderá a las demás regiones, hasta llegar a una paralización nacional, si las autoridades no obtemperan a sus reclamos. Desde luego, estos paros paralizan todos los servicios.

Este impacto negativo también afecta a todos los afiliados al SENASA Subsidiado, obligando a esa ARS a incurrir en gastos adicionales para garantizar el servicio. Además, limita la posibilidad de reducir la mortalidad infantil, todavía con niveles que no se corresponden con el crecimiento económico del país.

Todos sabemos que estos casos, son simples muestras de la penosa situación que, salvo excepciones, presentan los servicios públicos de salud a nivel nacional, poniendo al desnudo la carencia de una política responsable y consecuente de las autoridades, que se corresponda con el discurso oficial.

Mientras no se aumente el presupuesto público para los hospitales, se fomente la capacidad gerencial y se establezcan incentivos de acuerdo a la dedicación y al desempeño, tendremos crisis permanente en los hospitales. Y, además, la privatización y el gasto de bolsillo continuarán su agitado curso. ADS/189/01/06/2017