La privatización de la salud es un resultado consciente del Estado, iniciado cuatro décadas antes de la aprobación de la Ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)

Hace una semana la Fundación Juan Bosch publicó su informe “¿Seguro de Salud o Negocio Seguro?” el cual, por su importancia y contenido, requiere de un análisis ponderado, ya que contiene información valiosa y conclusiones válidas, pero limitadas.

El punto central de la Fundación consiste en una crítica a la privatización de la salud. Pone de ejemplo que, entre 2008 y 2016 los afiliados a las ARS privadas crecieron un 146.8%  y los de las públicas un 86.3%. Y los ingresos de las primeras aumentaron un 282.8%, y los de las segundas, sólo el 161.7%.

El informe señala que mientras en el 2016 el presupuesto público ejecutado en salud fue de tan solo 1.7% del PIB, el gasto nacional en salud ascendió al 5.8% del PIB, es decir, más de 3 veces por encima del presupuesto gubernamental directo.

Además, afirma que “en RD se instauró un modelo de salud y protección social basado en el aseguramiento, esencialmente neoliberal, que sistemáticamente desfinancia al sector público y lo relega a un papel residual y caritativo, con recursos cada vez más bajos y desiguales que lo ponen al borde del colapso, mientras se engorda una gigantesca industria privada de finanzas y servicios”.

“La salud, que según la Constitución es un derecho fundamental, se privatiza y convierte en un negocio más, regido por la regla de la oferta y la demanda; una mercancía a la cual se accede según se tenga empleo e ingresos individuales suficientes”.

Una posición incoherente y sesgada

En realidad, el problema de la salud es mucho más complejo y va allá de la crítica a la privatización y a los grandes negocios que hace el sector privado. Ambas situaciones  tienen su origen en la tradicional complicidad del Estado, y en su incapacidad para cumplir con la Ley General de Salud (42-01) y con la Ley de Seguridad Social.

Los directivos de la Fundación olvidan que desde hace más de medio siglo el Estado ha sido el principal privatizador de la salud: a) en los 70, el fondo FIDE del Banco Central financió la construcción y ampliación de decenas de clínicas privadas con préstamos blandos; b) las instituciones y empresas públicas contrataron seguros e igualas médicas privadas, en vez de fortalecer al IDSS; y c) los diversos gobiernos politizaron las instituciones y los servicios públicos de salud, cuyos resultados están hoy a la vista de todos.

Esa conspiración contra la salud pública propició el rápido crecimiento de la medicina privada, sin la debida habilitación y sin una fiscalización regular, lo que ha permitido la existencia de clínicas privadas y de centros públicos, sin los requisitos establecidos por la Ley 42-01.

La complicidad del Estado ha llegado a niveles tan alarmantes, que ha sido incapaz de enfrentar con energía la venta pública de medicamentos falsificados y vencidos, una estafa mortal contra la población más pobre y vulnerable.

Lo que resulta inexplicable y desconcertante es que los directivos de la Fundación Juan Bosch, critiquen la imposición de políticas neoliberales, sin reconocer claramente la responsabilidad del Estado y que, al mismo tiempo, planteen modelos y soluciones basadas en el monopolio estatal.

El informe de la Fundación sería mucho más coherente, creíble y equilibrado, si al mismo tiempo se pronunciara, con la energía que le caracteriza, sobre tres grandes obstáculos al cuidado de la salud: a) la corrupción y la impunidad, que reducen y desvían los recursos públicos que hacen falta en los centros públicos de salud; b) los paros y las huelgas, porque dejan en el desamparo a la población más necesitada; y c) la tradicional politiquería en la gestión de las instituciones y los centros de salud, que penaliza la capacidad y la eficiencia.  ADS/216/07/2012/2017