La inmensa mayoría de los afiliados al plan de pensiones no sabía que el fruto de sus ahorros y esfuerzos era utilizado para fines totalmente ajenos a su función protectora

Como resultado de las revelaciones del Presidente de la Junta Central Electoral (JCE) la opinión pública se enteró de la existencia de una deuda pública heredada de la pasada administración de RD$2,400 millones por diferentes conceptos.

Dentro de ese monto millonario, el segundo reglón más importante es una deuda de la JCE por RD$420 millones con el Plan de Retiro, Pensión y Jubilación de los empleados y funcionarios de esa institución.

Recordemos que las autoridades electorales se negaron a acogerse al mandato de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y que estable un régimen universal para todos los ciudadanos y residentes legales en el país.

Además, que para justificar operaciones millonarias discrecionales y poco transparentes, la presidencia de esa entidad defendió, contra la lógica más elemental, que su autonomía lo libera de cualquier control y fiscalización administrativa central. Así se creó un especie de Estado dentro del Estado, salvo desde luego, cuando se trata de solicitar aumentos de las asignaciones presupuestarias ordinarias y extraordinarias.

En todas las ocasiones, las autoridades de las instituciones autónomas y descentralizadas han esgrimido argumentos similares para justificar su separación del sistema universal de seguridad social, sin que ni el CNSS intervenga para poner el orden.

Un doble privilegio al margen de la Ley 87-01

Desde luego, esta “autonomía” no es casual, ni mucho menos ingenua. Constituye la reafirmación de que en nuestro país el fomento y la reproducción de las desigualdades sociales, económicas, jurídicas, educativas y sanitarias, son el pan nuestro de cada día.

El primer privilegio, es la discrecionalidad en la administración de los fondos, que por Ley 87-01, constituyen un ahorro para el retiro de los empleados y funcionarios, por lo que no pueden ser manejados como propiedad pública.

Una autonomía mal entendida, junto al silencio y la complicidad de las autoridades, permiten utilizar estos recursos e invertirlos sin observar los requerimientos de seguridad y rentabilidad previstos en la de Seguridad Social.

Usted puede estar completamente seguro que la inmensa mayoría de los afiliados a dicho plan no sabía que el fruto de sus ahorros y esfuerzos era retenido o utilizado para fines totalmente ajenos a su función protectora.

El segundo privilegio es que dichos planes permiten otorgar pensiones privilegiadas en relación a las previstas por el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia establecido en la Ley 87-01. Todos los excesos y déficits son cargados al presupuesto nacional que todos pagamos con nuestros impuestos.

Recordemos que en agosto pasado señalamos en nuestro mensaje 199 los enormes privilegios con que fueron pensionados los cuatro miembros salientes de la JCE, y que el déficit millonario que les dejará al plan recaerá sobre los contribuyentes.

“Los cuatro funcionarios pensionados ya están recibiendo RD$1,074,750 mensual, monto que multiplicado por 13 pagos durante 20 años, llega a la friolera de RD$279,435,000. Sólo en este caso, existe un déficit en contra del Estado de RD$246,435,000”. Y a pesar de esta realidad, muchos favorecen la vigencia, y hasta el retorno al sistema de reparto.

Pero los privilegios no terminan ahí, porque el reglamento dispone una pensión de sobrevivencia de unos 200,000 mensual. Todo ese déficit, y por sólo cuatro VIP de los miles que existen y existirán, lo pagará religiosamente toda la gente de segunda y tercera categoría.

Y eso es sin considerar otras barbaridades multimillonarias, actualmente en el tapete. Mientras exista la impunidad, los buenos y verdaderos dominicanos seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones. ADS/213//16/11/2017