Es dificil extender la cobertura de los grupos sociales más vulnerables, sin mejorar los servicios públicos y empujándolos hacia soluciones privadas costosas
El proyecto de modificación de la Ley 87-01 establece un Plan Especial para las MIPYMES. El mismo permitiría afiliar a los trabajadores solamente al Seguro Familiar de Salud y al Seguro de Riesgos Laborales del Régimen Contributivo, durante los primeros tres años, a partir de la formalización de la empresa.
En ese trienio, tanto los empleadores como sus trabajadores, en cualquier momento podrían optar voluntariamente por cotizar al Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. Pero a partir del cuarto año, estarían obligados a hacerlo.
Para disfrutar de esta gracia, las MIPYMES deberían formalizarse como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y ser clasificadas como micro o pequeña empresa por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de acuerdo a la Ley 488-08.
La afiliación y cotización al SDSS tendría carácter obligatorio para toda MIPYME que se formalice por vía de la ventanilla única de formalización del MIC. En esencia, se trata de aplicar la transición, a cambio de salir de la informalidad.
No obstante, aparte de reducir el aporte inicial de la afiliación al SDSS, la propuesta tiene un gasto adicional implícito ya que incluye el costo de la formalización, “el cumplimiento de obligaciones tributarias” y el costo de los pasivos laborales” de acuerdo al código de trabajo.
Esta es una buena solución para las pequeñas empresas, las cuales de acuerdo a la Ley 488-08, son aquellas que tienen entre 16 y 60 empleados, y entre 3 y 12 millones de activos. Se asume que cuentan con un nivel de productividad suficiente para formalizarse, aprovechar esta oferta y luego agregar el aporte para pensiones.
Una enfermedad puede quebrar a una microempresa
Sin embargo, esta no es necesariamente la situación de las microempresas, las cuales, aunque de acuerdo a la citada ley, son aquellas que cuentan entre 1 y 16 empleados, la gran mayoría solo tiene cinco o menos trabajadores.
He entrevistado a más de mil microempresarios aquí y en Centroamérica, y todos priorizan la salud sobre las pensiones, porque una enfermedad, accidente de trabajo o de tránsito, les representa un riesgo inminente, que puede desestabilizar su negocio, y arruinar a su familia.
Estas unidades operan en barrios pobres, ofertando bienes y servicios a obreros y familias igualmente pobres. Su capital es ínfimo teniendo que enfrentar “costos innecesarios, debido a las limitaciones y a la baja calidad de los servicios públicos”.
Esta solución despertaría menos interés en los microempresarios, porque: 1) temen que la seguridad social venga acompañada de impuestos “desproporcionados y sin ningún retorno”; 2) la baja productividad y alta competencia le impiden transferir “costos excesivos” a sus productos; y 3) su formalización le agregaría más costos que beneficios.
Al final del día, como no se trata de una solución real a su inseguridad, estos dominicanos continuarán en el anonimato de la informalidad. Y una parte será afiliada al Subsidiado con un alto costo fiscal, y los demás engrosarán las filas de los excluidos.
Ojalá las autoridades comprendan que no es posible extender la cobertura de los grupos sociales más vulnerables, sin mejorar los servicios públicos, y empujándolos hacia soluciones privadas costosas.
ADS/173/17/02/2017