A pesar de que el SFS le cuesta al país más de 60,000 millones al año, y que el 74% de la población está cubierta, la vigencia de un sistema curativo y costoso nos mantiene en la cola en la mortalidad materno-infantil

I. Los mayores obstáculos al funcionamiento adecuado del Seguro Familiar de Salud (SFS) no residen en la Ley 87-01, sino en la no aplicación de las reformas previstas, en la vigencia de reglamentos que dificultan y distorsionan el derecho de los afiliados, y en la falta de autoridad para aplicar la Ley y las sanciones.   

El Plan Básico de Salud (PBS) constituye la columna vertebral del SFS, pero continúa sin aplicarse12 años después, prolongando la ilegalidad de un plan de servicios de salud (PSS) plagado de lagunas y lleno de copagos ilegales. Todavía no hemos iniciado el tránsito de un seguro individual de enfermedad, a un seguro familiar de salud.

II. El Estado dominicano ha sido el principal privatizador de la salud, al diseñar un sistema a partir del interés de los proveedores (oferta), y a expensas del derecho y de las necesidades de los dominicanos (demanda). El sistema público de salud es el único en la región con una atención especializada de sólo 4 (¿?) horas diarias, y ausencia total durante los fines de semana.

El Estado otorgó cuantiosos préstamos para construir clínicas privadas y, lejos de fortalecer al IDSS, fomentó y contrató decenas de igualas médicas y seguros de salud, que operaron tres décadas sin ninguna regulación ni control.    

III. Los gobiernos y los principales partidos políticos, han mantenido dicho sistema, sólo con pequeñas variantes. Salvo excepciones, sus políticas y proyectos responden más a los intereses de minorías y a las presiones internas, que a las necesidades más sentidas de los dominicanos.

La falta de voluntad política para realizar las transformaciones urgentes ha sido la norma general. Solo en la década de los 90s el país tomó préstamos por más de 120 millones de dólares para reformar el sistema de salud y todas sus recomendaciones fueron engavetadas.

IV. La dispersión al SFS Contributivo ha crecido rápidamente en 12 años, superando en el 2018 los 60,000 millones de pesos. No obstante, no contamos con una evaluación del impacto sobre la salud de tan costosa inversión, como dispone la Ley 87-01.  

Sin embargo, el carácter puramente curativo, y altamente costoso e ineficiente del modelo, explica que, a pesar de una mayor cobertura poblacional y de esa cuantiosa inversión, continuamos en la cola internacional en cuanto a la mortalidad materno-infantil.

V. La demanda de servicios oportunos y de calidad no determina el monto del presupuesto, sino al revés. La oferta permanente de servicios de baja calidad, limitada en el tiempo, y discontinua por deficiencias endémicas y paros frecuentes, persigue mantener una baja asignación de recursos.

Esta política irracional y excluyente empuja a la población, incluyendo a los más pobres, a acudir a centros privados, generando un costo de bolsillo multimillonario, que ya supera el gasto público en atención de la salud de las personas, y bloquea el libre acceso a la salud.

VI. Existe una relación antagónica entre la modalidad de contratación y pago, y la entrega de servicios de salud oportunos y satisfactorios. Además de generar continuos conflictos, en nada contribuye a elevar el nivel de satisfacción y la eficiencia del sistema.

La baja productividad pública, y el alto costo privado continuarán, mientras predomine una modalidad de contratación que no incentiva la dedicación y el desempeño, y otra que, al pagar sólo por servicios prestados, fomenta la enfermedad, en vez del estado de salud y bienestar.

Estas seis tesis evidencian que tenemos un sistema obsoleto, muy enfermo y a punto de colapsar, según médicos y especialistas. En este día internacional, redoblemos los esfuerzos para renovarlo y alcanzar la SALUD que tanto necesita. ADS/280/04/04/2019