Un país abierto al mundo a través del turismo y que se empeña en vender una imagen de una nación hospitalaria y democrática, no puede exponerse a cuestionamientos de la opinión internacional, ni mucho menos de las Naciones Unidas

Apoyamos de manera incondicional la decisión de La Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), de desaprobar las medidas que dispuso el gobierno dominicano de negarle la asistencia médica a las parturientas haitianas, por considerar que se trata de una medida «injusta y discriminatoria».

De acuerdo a las estadísticas oficiales, en 2018, la cantidad de partos en los centros públicos de salud ascendió a 117,096, de los cuales el 12.50% correspondieron a extranjeras haitianas. Pero en lo que va de este año, de 82,762 alumbramientos registrados, el 30 % (24,376) ha sido de mujeres pobres procedentes de Haití.

La decisión del presidente Abinader de deportar a las haitianas revela tres situaciones muy incómodas ante la comunidad internacional: 1) que aquí se trafica y se permite el ingreso de haitianos indocumentados; 2) que se aprovecha su mano de obra barata para reducir costos y elevar las ganancias; y 3) y que luego se les deporta, para dentro de poco volver a reiniciar este ciclo inhumano.  

Solicitamos al presidente Luis Abinader rectificar y dejar sin efecto la referida decisión, por razones humanitarias y por las limitaciones de Haití, agudizadas por la crisis sanitaria que afecta a todas las naciones del mundo. Debemos tratar a los haitianos, con el mismo respeto y consideración que demandamos para nuestros compatriotas en el exterior, sin tomar en cuenta su estatus legal.

Nuestro país tiene todo el derecho a garantizar la integridad de nuestra frontera no sólo por razones de seguridad nacional, sino ahora y muy en especial, para preservar las medidas sanitarias implantadas para combatir la pandemia. Y, desde luego, esta vigilancia debe hacerse sin menoscabo de la dignidad y del respeto estricto de los derechos humanos.

Pero una vez cualquier extranjero ingresa al territorio nacional, estamos obligados a brindarles los servicios básicos y el cuidado de la salud en los casos que sean necesarios, independiente de su estatus migratorio. Si el país no está en condiciones de cumplir con ese compromiso humanitario, lo que procede es reforzar la frontera y eliminar el tráfico masivo sin la autorización de migración.

Un gran negocio basado en una práctica recurrente

El negocio de tráfico de haitianos ilegales no se limita a los agentes de puesto en la frontera. Todos sabemos que se trata de un entramado que llega a los niveles superiores. Cuando se producen escándalos se trasladan o cancelan a los peones, pero al poco tiempo los alfiles vuelven a activar el negocio, en un ciclo interminable que constituye  una vergüenza a nivel internacional.

Un país abierto al mundo a través de la actividad turística y que se empeña en vender una imagen de una nación organizada, hospitalaria y democrática, no puede exponerse a cuestionamientos públicos de la comunidad internacional, ni mucho menos de las Naciones Unidas.

Así como las autoridades nacionales justifican un tratamiento especial con los Estados Unidos por ser nuestro principal “socio comercial”, por idénticas razones deberían aplicar la misma política con Haití, no sólo por ser nuestro vecino más cercano, sino además, por ser nuestro segundo gran importador de bienes y servicios, con una balanza de pagos altamente favorable.  

La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) estima correcto y oportuno el llamado de ADESA a la población solicitándole cordura y respeto de los principios humanistas, rechazando el fanatismo, la irracionalidad y la xenofobia que algunos sectores minoritarios promueven dentro y fuera del poder. Mantenernos alertas contra las tradicionales distorsiones sobre el tema haitiano. ADS/413/25/11/2021