Es necesario una austeridad gubernamental para ayudar a los trabajadores por cuenta propia y una mayor ofensiva oficial para reducir las muertes y controlar la propagación del COVID 19

El Senado hizo muy bien al rechazar un proyecto de ley para devolver hasta el 20% del fondo de retiro de los trabajadores dominicanos, acumulado durante 17 años. A pesar de ser sometido por siete senadores, la iniciativa ni siquiera fue enviada a comisión para estudio, quedando fuera de toda consideración legal.

Con esta demanda minorías tratan de capitalizar la desesperación generalizada ante la lenta reacción oficial en la lucha contra el coronavirus. Persiguen aprovechar la incertidumbre para debilitar el sistema de capitalización individual y restablecer un sistema de reparto desequilibrado y que fomenta los privilegios y la desigualdad social.

Los fondos de pensiones no deben debilitarse, sino fortalecerse corrigiendo las distorsiones existentes. La única excepción válida de devolución son aquellos casos de derechohabientes en estado de gravedad por cualquier enfermedad terminal, debidamente certificada por un médico competente.

Los fondos para el retiro son sagrados, ya que constituyen el único recurso con que cuentan los trabajadores para sobrevivir, al retirarse y dejar de recibir un salario regular. Son vitales, porque la inmensa mayoría de los asalariados concluye su ciclo productivo sin ninguna propiedad y con escasos ahorros.

El ideal de todo trabajador es tener una casita para vivir con su familia. Quienes la obtienen la valoran como a su propia vida, por ser el resultado de muchos años de esfuerzo y privaciones. Por eso, cuando una familia tiene un gran problema, en lo último que piensa es en vender su casa por humilde que esta sea.

Esa lógica también es válida para su fondo de pensión, del cual depende la calidad de vida. Y mucho menos ahora, cuando el costo del envejecimiento crece y crece debido al aumento sostenido de la esperanza de vida. La utilización del fondo de pensión sería la última alternativa, ya que nadie con sentido común quisiera hipotecar su futuro.

¿Cuál es la necesidad tan imperiosa que obliga a formular una propuesta tan insensata e irresponsable? El Gobierno tomó 16,000 millones del seguro de riesgos laborales, para junto con otros recursos, entregar hasta 8,500 pesos a los trabajadores privados reportados como cesantes. 

Esta pandemia no respeta jerarquías ni posiciones sociales

El mayor reto es aliviar la crítica situación de cientos de miles de trabajadores por cuenta propia, las mayores víctimas de este estado de emergencia. La solidaridad social se impone y conviene, incluso a los que más tienen ya que, si esta situación se agudiza y se sale de control, terminarán perdiendo más. Esta pandemia ha dejado muy claro que no respeta jerarquías, ni posiciones sociales.

En este momento tan crítico se impone una austeridad gubernamental: 1) reduciendo en un 40% los salarios de los funcionarios con sueldos mayores de 250,001 y en un 30% a los que ganan entre 125,000 y 250,000; 2) eliminando el barrilito y el cofrecito; y 3) utilizando los fondos para las obras públicas que no son imprescindibles y que están paralizadas. 

El limitado desempeño gubernamental comienza a desesperar a la población más vulnerable. Si no se contiene la propagación del virus en una semana, el país podría entrar en una etapa peligrosa, en la que autoridades podrían perder el control de la situación, con consecuencias lamentables para todos. Estas ayudas y la paralización de la actividad económica son paliativos que suponen el rápido control de las muertes y del virus. ADS/331/09/04/2020