Solo cuando logremos una reforma del sistema público de salud que garantice mayor cobertura, calidad y satisfacción, la población acudirá masivamente a los centros públicos, cambiando la correlación entre lo público y lo privado

En mi mensaje pasado concluí que “La calamitosa situación del emblemático Hospital Gautier, tan recurrente que ya a nadie le sorprende, constituye una clara señal de que la actual práctica gubernamental no conduce al cambio, ni responde a las aspiraciones populares”. Entre otros, recibí dos comentarios de dos amigos médicos.

El primero, provino de una médico amiga de hace décadas, quien ocupó posiciones cimeras en el IDSS, y en su agrupación médica. Sin tapujos, me reprochó el haberme “quedado muy corto” en el señalamiento de las deficiencias y limitaciones del Hospital Salvador B Gautier.

En cambio, el segundo provino de un médico amigo, propulsor a ultranza de la completa estatización de la seguridad social, quien me preguntó si creía que la solución era pasarle el Gautier y los demás centros de salud al sector privado, mal interpretando mis críticas a la gestión de ese hospital público.

Lo primero que me llamó la atención es que este médico no comentó la calamitosa situación del Gautier, a pesar de que las falencias denunciadas no provienen de la oposición, ni de la pasada administración, sino no de los propios médicos y enfermeras del Instituto, encabezados por su director.

Este amigo dio por sentada la situación descrita y obvió comentar ese desastre, porque ello invalidaría ipso facto su propuesta de pasar toda la seguridad social a otro IDSS politizado, clientelista y sujeto a las presiones gremiales y  grupales que enflaquecieron al IDSS durante 7 décadas.

Le respondí que él sabe que no pienso así. Que ambos queremos fortalecer lo público, pero que él primero lo endosa, presentándolo como la panacea, sin luchar por cambiar las prácticas perversas que han determinado que el sistema público de salud sea uno de los peores de América Latina, solo delante de Haití.

Por el contrario, sostengo que ese Estado dominicano ha sido, y es, el principal privatizador, por lo que antes que nada, y sobre todo, tenemos que exigirle CAMBIOS REALES, NO PALIATIVOS, abandonando la práctica cómplice y acomodaticia de formular recomendaciones vacías, inviables, envueltas en un lenguaje «progresista».

En medio de tanta incapacidad, ineficiencia, exclusión, privilegios y clientelismo, estatizarlo todo, por sí sólo, equivaldría a un suicidio colectivo, porque fortalecería a un Estado esencialmente irresponsable y neoliberal, que ha fortalecido lo privado y que no ha realizado ninguna reforma esencial luego de 60 años, 14 gobiernos democráticos y 8 presidentes. Por eso sólo una minoría apoya esa propuesta.

No planteamos privatizar, pero tampoco estatizar. Sin una reforma estructural continuaremos «haciendo más de lo mismo», enriqueciendo más a las minorías gremiales, a los proveedores privados de siempre, corruptos y corruptores, y a la clase política que se nutre del clientelismo ilimitado e indiscriminado. Y sólo lo que sobre de esa piñata, va para los afiliados.

Abogamos por una autonomía real de los hospitales, porque dejen de ser oficinas públicas y sean tratados como lo que son: EMPRESAS PÚBLICAS DE SERVICIOS, dotadas de una capacidad gerencial, con recursos asignados en función de la demanda real de la población y no de las presiones médicas ni burocráticas.

Con directores de carrera con autoridad para exigir a los médicos que cumplan con el horario y que traten mejor a los pacientes, sin que los desautoricen ni cancelen; con los medios necesarios para darle mantenimiento regular a la planta física y a los equipos. Con capacidad para otorgar incentivos a la dedicación y al cumplimiento de las metas, como dispone el artículo 173 de la Ley 87-01.

Demandamos un Estado con mayor capacidad, compromiso y resultados tangibles para las familias más pobres y vulnerables. Entonces, cuando logremos estas metas, la población comenzará a acudir masivamente a los centros públicos, cambiando la correlación entre lo público y lo privado. ADS/440/16/06/2022