A 23 años de creado el Seguro Familiar de Salud, el país está lejos de alcanzar los objetivos propuestos, teniendo la población, con o sin seguro, que sufrir múltiples obstáculos y humillaciones para acceder a los servicios sanitarios de calidad a los que tiene legítimo derecho
El pasado 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, en conmemoración de la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una institución de las Naciones Unidas, que vela por elevar los indicadores de salud y el bienestar en el mundo, brindando gran apoyo técnico a las naciones de vías de desarrollo.
En la ocasión, la ALIANZA POR EL DERECHO A LA SALUD (ADESA), realizó una asamblea nacional, y proclamó a los cuatro vientos que “un carné no basta, que el SFS debe garantizar acceso a la salud integral, universal y sin altos costos adicionales”. A continuación, una síntesis de sus principales planteamientos y demandas:
- Los servicios de salud son muy caros. La población asegurada debe sacar de sus bolsillos un promedio del 45% y quienes no tienen dinero para ese copago sufren y hasta mueren sin acceder a los servicios que por derecho les corresponden.
- Limitada cobertura de los seguros. Las familias demandan la inclusión de servicios médicos que consideran esenciales al derecho a una protección integral de los servicios y tratamientos.
- Abandono de la estrategia de Atención Primaria de Salud, necesidad de relanzar y universalizar la estrategia de promoción y prevención para todos los afiliados del sector público y privado
- No implementación del Plan Básico de Salud: debilidad y negligencia del Estado para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley de Seguridad en lo relativo a los beneficios y derechos de los afiliados del SFS.
- Imposición de copagos no contemplados en la ley, que constituyen barreras al acceso regular de los afiliados y que multiplican el gasto familiar de bolsillo en contra de las familias más pobres y vulnerables.
- Crecimiento del negocio de la salud, encarecimiento de los servicios y dispersión del sector público de salud y pérdida sustantiva de la función de rectoría del Estado en la conducción de las políticas sanitarias.
- El Estado no ha hecho lo suficiente para garantizar el derecho a la salud, como lo contempla el artículo 61 de la Constitución de la República y las leyes 42-01 y 87-01.
- El Estado ha prestado más atención a la afiliación al Régimen Subsidiado, que a mejorar la cobertura y la calidad de los servicios sanitarios a los que las personas tienen derecho.
- Ninguno de los 4 gobiernos que han ostentado el poder en el período 2001-2024, han puesto en vigencia el Régimen Contributivo Subsidiado, excluyendo a una parte importante de la población.
- Debilidad e incapacidad de la SISALRIL, frente a los abusos contra los afiliados que cometen las aseguradoras de riesgos de Salud (ARS) y los prestadores de servicios (clínicas, laboratorios, médicos especialistas, farmacias).
Al igual que nuestra Fundación, ADESA postula que 23 años de creado el Seguro Familiar de Salud, el país está lejos de alcanzar los objetivos propuestos, teniendo la población, con o sin seguro, que enfrentarse a múltiples obstáculos y humillaciones, para acceder a los servicios sanitarios de calidad a los que tiene legítimo derecho.
ADESA convida al movimiento sindical, a las organizaciones sociales, a las ONGs, al liderazgo del sector salud y a la población en general, a construir una coalición centrada en reclamar: 1) la aplicación y ampliación del Plan Básico de Salud; 2) la reducción al 10% del copago; 3) un tope al copago de las consultas médicas y a todos los servicios; y 4) la aplicación universal de la estrategia de Atención Primaria Integral de Salud.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) comparte plenamente las demandas de ADESA y se une a su llamado para unificar y fortalecer los sectores y grupos que demandan una reforma de la Ley 87-01 para el fortalecimiento del derecho a la salud y bienestar de todos los dominicanos. ADS/531/11/04/2024