Este acuerdo tendrá un costo muy elevado, mantendrá las ineficiencias, elevará el gasto familiar de bolsillo y le pasará una costosa factura política al presidente del cambio y de la reforma del Estado*

*ES NECESARIO AUMENTAR EL INGRESO A LOS MÉDICOS*. Pero, en la forma tan irracional con que se ha hecho, en nada beneficiará a los afiliados y a la población más pobre. Este aumento *no garantiza la dedicación, ni el desempeño, ni la productividad, ni supone una supervisión, ni rendición de cuenta, ni evaluación de resultados*. Lamentablemente, es una simple réplica de la solución de Balaguer, de Antonio Guzmán, de Jorge Blanco, de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, y de Danilo Medina. *¿Y dónde está el cambio prometido?*

*Este aumento fijo penaliza a todos los médicos esforzados* que cumplen cabalmente con su labor, y en cambio, premia a aquellos ausentes y/o de bajo desempeño. La asignación *ANTES e INDEPENDIENTE* de la prestación de los servicios desincentiva la cantidad y calidad. Fomenta una conducta muy diferente a la consulta privada, donde el ingreso depende de la cantidad de pacientes atendidos y satisfechos.

Esta práctica contraviene el Art. 173 de la Ley 87-01 que dispone la contratación de los RRHH basada en “el sueldo devengado más incentivos por el logro de metas, niveles de calidad, resultados obtenidos y desempeño”. *Una modalidad establecida para duplicar el ingreso de los médicos, en justa compensación por su dedicación, calidad y trato considerado*. Los actuales ingresos son insuficientes porque además de pagarle a los que realmente trabajan, *hay que subsidiar* a los demás que no cumplen y cobran igual.

*“¿Cuál es el incentivo a mi dedicación y desempeño, si de todas formas recibo el mismo ingreso y la misma pensión que quienes no trabajan?* ¿Cuál es la motivación del director y su personal de un hospital con un presupuesto fijado previamente, sin importar la productividad, la calidad y los resultados obtenidos? *¿Por qué afanarme, si no existen incentivos, ni supervisión, ni le tengo que rendir cuenta a nadie y puedo dedicarme a mi consulta privada?”*, me razonó un médico amigo. 

*Desafortunadamente, con este acuerdo unilateral las autoridades renuncian al cambio prometido, haciendo más de lo mismo*

El Art. 30 de la Ley 87-01 establece: 1) que los empleadores entreguen los recursos del Seguro Familiar de Salud (SFS) a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS); 2) que la TSS los asigne a las ARS/SENASA de acuerdo a la cantidad de afiliados; y 3) que las ARS les paguen a las PSS, incluyendo al Servicio Nacional de Salud (SNS), por la cantidad de servicios prestados a los afiliados.

*Esta modalidad les otorga a los afiliados el poder de asignar los recursos a todas las PSS, públicas y privadas, de acuerdo a sus preferencias*. El pago *DESPUÉS* de recibir la atención y en función de su volumen, incentiva la calidad, oportunidad y cantidad del cuidado de la salud. *En cuanto al Régimen Contributivo, el gobierno siempre ha cumplido con esta disposición. APLAUSOS*.

Pero, lamentablemente, no ocurre lo mismo en el Régimen Subsidiado. A pesar de que actualmente la cápita mensual contributiva asciende a 1,659.22, *el Estado le entrega al SENASA una cápita de solo RD$269.43, apenas el 14.5%, no obstante, tratándose del mismo Plan Básico de Salud (PBS)*.

La asignación *DIRECTA y ANTICIPADA* a los hospitales contraviene la Ley 87-01 porque no garantiza la cantidad y calidad de la atención que demandan las familias más pobres y vulnerables. *Esta distorsión abulta la asignación al Subsidiado al incluir las nóminas supernumerarias del personal que no le aporta nada a los afiliados*, replicando soluciones improductivas vigentes desde hace 6 décadas. *¿Y entonces, dónde está el cambio prometido?*

*De haber cumplido con la Ley el gobierno hubiese logrado cuatro cambios históricos*: 1) elevaría considerablemente la cápita del Subsidiado, eliminando la enorme brecha entre la cápita contributiva y la subsidiada; 2) duplicaría los ingresos de los médicos en función de su producción y desempeño; 3) elevaría la calidad y oportunidad de los servicios públicos; y 4) reduciría notablemente el gasto familiar de bolsillo.

*Lastimeramente*, el abandono del compromiso de cambios tendrá un costo superior a 3,000 millones de pesos anuales para al país, mantendrá las deficiencias públicas, elevará el gasto familiar de bolsillo *y le pasará una costosa factura política* al presidente del cambio y de la reforma del Estado. ADS/568/09/01/2025