Amén de conmemorar y defender las conquistas laborales, los trabajadores deben tomar consciencia de las grandes amenazas que se ciernen en un sistema económico excluyente, que acentúa la desigualdad social

Ayer primero de mayo se celebró el día internacional del trabajo, en conmemoración de las históricas luchas de los trabajadores del mundo en demanda de la reducción a ocho horas de la jornada laboral, por mayor seguridad e higiene en las fábricas, y por una mayor participación en la riqueza social que producen.

Aquí, a pesar del crecimiento sostenido de la economía dominicana los salarios continúan siendo de los más bajos de América Latina. Tan bajos, y hasta ridículos, que el propio gobernador del Banco Central ha señalado que su poder adquisitivo se sitúa en los niveles imperantes durante la década de los 90.

Recientemente, el informe del PNUD “Calidad de la Democracia en la República Dominicana”, resalta que el limitado dinamismo del sector privado se traduce en la creación de empleos insuficientes y de baja calidad. A despecho de décadas de crecimiento económico, la marginalidad e informalidad continúan alrededor del 57% de la PEA.  

Las estadísticas no dejan dudas. El 54% de los afiliados a la Seguridad Social perciben un salario promedio menor de 15,000.00 pesos, una ridiculez tomando en cuenta el alto costo de la canasta familiar, y las tradicionales deficiencias de los servicios públicos como salud, educación y transporte.

Un tercio de los asalariados dominicanos solo gana alrededor de 10,000 pesos mensuales, un nivel absolutamente insuficiente que no se corresponde con el mensaje oficial sobre la reducción de la pobreza, y que evidencia la incapacidad del modelo económico para compartir los frutos del crecimiento.  

En estos momentos los trabajadores y empleadores discuten el nuevo nivel del salario mínimo. Mientras los primeros reclaman un aumento del 30%, los empleadores se echan a muertos, regatean y regatean, para finalmente acordar un 15%, como ocurrió hace dos años.

Pero, en adición, sobre estos mal pagados trabajadores, penden dos luchas adicionales: contra la reducción de la cesantía, y contra una propuesta oficial que eleva la comisión de las AFP y que pretende que sean los trabajadores, con sus escasos recursos, quienes financien la TSS y la DIDA.

Un futuro incierto que avanza hacia un mayor desempleo tecnológico

Al igual que hace más de 150 años, la negación del derecho al trabajo, así como a un salario justo, continúa siendo un riesgo permanente y real. Las corrientes neoliberales propugnan por reducir la influencia de los sindicatos, y condenan la intervención del Estado a favor de los trabajadores.

Existe una estrategia mundial para reducir las conquistas sociales, a pesar de la revolución incesante en la productividad, fruto del desarrollo de los recursos humanos. El gran capital demanda revisar el contrato laboral para reducir los “excesos” que no se corresponden con el predominio de modelos de crecimiento económico excluyentes y monopólicos.

Actualmente, los trabajadores del mundo se enfrentan a una terrible amenaza. Los estudios de centros de investigación independientes pronostican que la industria 4.0 (altamente robotizada y digitalizada), desplazará entre el 50% y el 60% de los puestos de trabajos con calificación baja e intermedia.

El carácter excluyente del nuevo orden mundial en gestación se expresa en la gran paradoja de que el desarrollo tecnológico, fruto directo del talento humano, generará un desempleo tecnológico masivo y generalizado, acentuando la marginalidad, la informalidad y la desigualdad social existente.

Muchos expertos coinciden en que el futuro se torna más nebuloso e incierto, con posibles consecuencias sociales impredecibles, denunciando que representantes del establishment mundial planean reducir el exceso de la población mundial, utilizando incluso formas de destrucción masiva.

Desde luego, estos cambios en el mercado laboral tienen un impacto muy negativo sobre los sistemas de Seguridad Social. Afortunadamente cada vez más grupos sociales luchan, como hace 150 años, por un orden mundial que garantice una cobertura universal al cuidado de la salud, mayor protección contra los riesgos laborales, y una pensión digna y sostenible.

 ADS/285/02/05/2019