En España la seguridad social pasa por su momento más crítico, luego que el Tribunal de Cuentas informara que el sistema público de pensiones está en quiebra técnica

Nuevamente la seguridad social española solicitó un préstamo de Hacienda por 15,000 millones de euros, para pagar las pensiones extras de agosto y Navidad 2019, de 10 millones de españoles, equivalente al 1,2% del PIB, una deuda mayor que la incurrida durante el 2018 y el 2017. Los aportes actuales apenas cubren el 70% del pago de las pensiones.

Este problema tiende a agravarse con el desarrollo de la automatización y de la industria 4.0, contribuyendo a elevar las altas tasas de paro y el crecimiento de los empleos precarios. Actualmente en España 1.97 trabajadores activos cotizan para cubrir a un jubilado, por lo que los aportes resultan incapaces de sustentar el crecimiento de las pensiones.

Desde el año 2011, la seguridad social registra un déficit creciente que ha obligado a utilizar los ahorros de la hucha de las pensiones generados durante los años de bonanza. En la actualidad las reservas financieras solo cuentan con 5,000 millones de euros, insuficientes para cubrir la nómina de un mes.

Se recurre a estos préstamos porque ni los partidos políticos, ni sus autoridades, quieren pagar el alto costo político de pasar a la historia por haber agotado la hucha de las pensiones de los españoles. Fátima Báñez, exministra de Trabajo del PP, y ahora Magdalena Valerio, han hecho todo lo posible para traspasarle esa responsabilidad a las próximas autoridades.

Pero este rejuego político entró en una etapa crucial cuando recientemente el Tribunal de Cuentas dio la voz de alarma al declarar en quiebra técnica al sistema, señalando que el organismo que debe afrontar el pago de las pensiones gastó “casi cien mil millones de euros desde 2010”.

Desde hace años, todos los estudios concluyen que el sistema público de pensiones pasa por su momento más crítico. Y pronostican el agravamiento del déficit por diversos factores, especialmente, debido “al retiro inminente de la generación del ‘baby boom’ la cual, con carreras de cotización más elevadas hará que el gasto de las prestaciones se dispare”.

A ello se agrega que “en apenas 15 años, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años y será necesario buscar vías que permitan incrementar los ingresos, reactivar el mercado laboral, abrir la puerta a la inmigración, mejorar los salarios e incluso introducir impuestos que permitan financiar las pensiones”.

Elevar los años de cotización y prolongar la vida laboral

La insostenibilidad del sistema español quedó patente en el último Melbourne Mercer Global Pension Index. Ante esta realidad, el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, considera que la solución pasa por «hacer reformas con dos exigencias: que satisfagan a las generaciones presentes y que no pongan en riesgo el progreso de las generaciones del futuro».

Se trata de deseos y de idealizaciones al margen de la realidad objetiva. Todas las reformas apuntan a elevar los años de aportes, la cantidad de cotizaciones y por lo tanto, los años de retiro. Pero, por cuanto ello no resulta suficiente, a la corta o a la larga, es necesario revisar la relación entre el porcentaje de aporte y la tasa de reemplazo.

El incontenible avance de la ciencia y la tecnología se expresa en severas transformaciones demográficas, realidad para la cual ninguno de los sistemas previsionales está preparado. Ya España registra una pirámide poblacional invertida (más mayores de 65 años que menores de 15 años), debido a la baja tasa de natalidad y a un aumento de 10 años de la esperanza de vida en 4 décadas.

Tal y como hemos venido señalando, la extensión de la longevidad general, se ha convertido en el principal catalizador, no el único, de la incapacidad, tanto del sistema de reparto como de capitalización individual, de garantizar una pensión digna y sostenible en el tiempo, a las generaciones presentes y futuras. Los ejemplos de España, USA, Australia, Chile y Brasil, entre otros, debe inducirnos a una profunda reflexión. ADS/296/18/07/2019