Por ser una epidemia nacional, que atenta contra la salud colectiva, el gobierno ha asumido la obligación de proteger a la población y cubrir el costo, y a las empresas le corresponde la responsabilidad de evitar el contagio en los centros laborales

Es correcta la decisión del gobierno de declarar en cuarentena al país como parte de una estrategia nacional para contrarrestar la expansión y los efectos dañinos del COVID 19, tanto en vidas humanas, como en las actividades económicas, turísticas, educativas, sociales y políticas, incluyendo la campaña electoral.

El Presidente Medina envió un proyecto al Congreso Nacional para declarar el Estado de Emergencia Nacional, a fin de ampliar las medidas y las restricciones para enfrentar con éxito la propagación de este terrible virus, y retornar al país a la normalidad a la brevedad posible.

Además, anunció el cierre de las fronteras, por aire, mar y tierra, durante los próximos 15 días, con el objetivo de parar en seco la importación y exportación de esta pandemia que se ha propagado por la mayoría de los países, a fin de poder concentrar los esfuerzos en atender a las personas afectadas.

Es fácil cumplir la suspensión de los vuelos y de los desembarcos, pero mucho más difícil es controlar la frontera. Por eso la semana pasada recomendamos “blindar la frontera con Haití”, porque esa vía de acceso representa el eslabón más débil y el mayor peligro para ambos países.

Dada la existencia de un personal binacional acostumbrado a hacer negocio con el tráfico ilegal de personas y de mercancías, sólo reforzándola con nuevo personal militar y civil más profesional, podrá cumplirse con esta importante decisión gubernamental.   

Las autoridades han suspendido la docencia a todos los niveles, y han prohibido las reuniones públicas y privadas, incluyendo las inauguraciones oficiales, la campaña política, y las actividades comerciales que no sean imprescindibles, hasta tanto se supere esta situación.

Protección de los trabajadores contra el riesgo laboral del coronavirus

Una medida importante es el permiso para que los laboratorios privados, debidamente habilitados, realicen pruebas a las personas para determinar si han sido infestadas por el coronavirus, bajo la supervisión de Salud Pública y siguiendo el protocolo establecido.

La liberación de acudir al trabajo de los empleados públicos mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos o con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, es correcta, pero debió extenderse al sector privado, debido a que igualmente son las principales víctimas de esta pandemia.

Por tratarse de una amenaza a la salud colectiva, no individual, la prevención y asistencia médica corresponde al Estado, con cargo al presupuesto de salud pública, pudiendo ser prestada mediante una alianza púbico-privada, bajo la supervisión de la SISALRIL y del MSP.

No obstante, a los empleadores les corresponde evitar que sus trabajadores sean afectados en su lugar de trabajo ya que, en estos casos, se reduce la productividad por una enfermedad laboral, con derecho a atención médica y compensación económica si es puesto en cuarentena.

Por esa razón, en muchos países se han tomado medidas para evitar el coronavirus en los centros de trabajo. Aunque el gobierno ha recomendado el trabajo descentralizado desde el hogar, en nuestro país pocas empresas están preparadas para ponerla en práctica en tan breve tiempo.

Mientras tanto, todos estamos en la obligación de apoyar las medidas impuestas, a redoblar la higiene personal, y a evitar reuniones familiares y sociales, colocando el interés nacional por encima del personal, sin llevarnos de rumores alarmistas, siempre atentos a las orientaciones oficiales. ADS/328/19/2020