*Nuestra Fundación valora la promesa presidencial de un aumento general de los salarios de los servidores públicos, porque se lo merecen y necesitan, porque reducirá las brechas y las desigualdades sociales y porque fortalecerá la lucha contra la corrupción administrativa*

*El presidente Luis Abinader consideró que los empleados públicos se merecen y necesitan un aumento salarial*. Tenemos «una deuda pendiente con esos servidores, especialmente con el segmento de menores ingresos, y estamos evaluando el momento para ese incremento salarial”.

*Recordó que esa propuesta estaba en el proyecto de reforma fiscal* que fue retirado en octubre de 2024. «Nosotros estamos viendo cuando podamos hacerlo, quizás con el nuevo presupuesto». Esta decisión es coherente con su política de favorecer aumentos regulares a los trabajadores privados y públicos.

Durante los cinco años de su administración, *el presidente Abinader ha logrado superar los simples ajustes de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC)*. Así ocurrió en el 2022 y a finales del año pasado, siempre distribuido en dos partidas.  

El Comité Nacional de Salarios (CNS) aumentó un 25 % y un 30 % al salario mínimo de los *empleados del turismo*. Además, a finales de abril aprobó un aumento del 25 % al salario mínimo de los *trabajadores de zonas francas*, en ambos casos en forma escalonada.

*En el sector público existen tres grandes políticas salariales y prestaciones*: 1) una amplia libertad de aumentos de los poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones autónomas y descentralizadas; 2) incrementos recurrentes a los médicos y maestros, como resultado de paros de los servicios públicos esenciales, y 3) congelamiento prolongado para los empleados públicos del Poder Ejecutivo y de los municipios.

Y, desde luego, esas diferencias discrecionales también se aplican a las pensiones y a su indexación regular.  En pocas palabras, *tenemos un Estado profundamente segmentado que fomenta la desigualdad y la inequidad*, que se cimenta en la toma de decisiones en función de la autonomía y de la capacidad de presión de cada segmento de la administración pública.  

*Reducir la segmentación, las brechas y las desigualdades salariales*

Las demandas salariales al Poder Ejecutivo han sido muy tímidas debido a la falta de organización de los servidores públicos, a diferencia de lo que ocurre con los médicos, los maestros y los demás poderes del Estado. *Resultado: ningún aumento general, a pesar de que los precios se han elevado en más de un 60% desde el 2015*.

Todavía una buena parte de los técnicos y empleados administrativos, incluso de Salud Pública y de Educación, *perciben salarios entre 12,100 y 20,000 pesos, equivalentes a menos de la mitad del costo de la canasta familiar*, según el Banco Central.

En este período gubernamental, los médicos, los maestros y la UASD han recibido aumentos entre un 55% y un 45%, desigualdades ostensibles. *Mientras los empleados de la UASD están incluidos y se benefician, los empleados y técnicos de Salud y Educación son marginados*.

El salario mínimo de los demás servidores públicos sólo registra dos aumentos al pasar de 5,117 en el 2020 a 10,000 pesos en la actualidad. Los salarios de los demás empleados públicos permanecen congelados, *a pesar del alza de más del 40% del índice de precios al consumidor y del costo de la canasta familiar*.

Igual congelamiento sufre la gran mayoría de los pensionados y jubilados a cargo del Estado.  Durante más de una década estas pensiones han perdido mucho poder adquisitivo, *debido a que sus montos nunca han sido actualizados para preservar su nivel de vida, a pesar del mandato de la Ley 87-01*.  

Los aumentos prometidos por el presidente Luis Abinader no sólo constituyen un acto de justicia social y de equidad orientados a reducir las brechas existentes, sino además, *un complemento necesario en la lucha contra la corrupción* y en el adecentamiento de la administración pública a todos sus niveles.  

*De concretar esta promesa el presidente Luis Abinader se convertirá en el primer mandatario en decretar un aumento general de salarios del Poder Ejecutivo y del Poder Municipal*, desde el 2004. Nuestra Fundación apoya esta iniciativa “porque se lo merecen y lo necesitan”, porque reducirán las brechas y desigualdades sociales, *y porque fortalecerán la lucha contra la corrupción administrativa*. ADS/588/29/05/2025