En varios mensajes y estudios he descrito la situación extremadamente crítica por la que atraviesa la seguridad social de Brasil, cuyo sistema previsional es considerado como uno de los más generosos y desequilibrados del mundo, con un déficit y un subsidio estatal que atentan contra la solvencia financiera de ese gran país.

Una de las primeras medidas del presidente Jair Bolsonaro fue presentar un proyecto de ley para reducir las jubilaciones y pensiones. La propuesta apunta a frenar el alza creciente de la deuda pública la cual, según sus principales autoridades, resulta insostenible al tal punto que podría llevar a la quiebra financiera al propio Brasil.

Solo el año pasado, la carga previsional brasileña representó el 13% del PIB, con un subsidio record de US$ 74,000 millones, equivalente al 4.25% del PIB. Dado que se trata de un sistema público de reparto, los más de 30 millones de pensionados consumen acerca del 60% del presupuesto nacional, con proyección al 75% en unos años. 

Se pretende elevar la edad mínima de jubilación a 65 años para los hombres y a 62 para las mujeres, un cambio muy radical ya que actualmente la gente puede retirarse a los 50 o 55, dependiendo de los años de aportes. De aprobarse, y luego de una transición de 12 años, los brasileños tendrían que aportar durante 40 años para alcanzar una jubilación plena.

Como suele ocurrir donde se reducen las prestaciones, la propuesta ha generado un amplio rechazo de miles de organizaciones sindicales y sociales de diversos sectores, no sólo de la izquierda. En todas las ciudades brasileñas se registran grandes movilizaciones con resultados imprevisibles, dada la falta de apoyo parlamentario del gobierno y la creciente impopularidad de Bolsonaro.

Otro de los objetivos es crear un régimen similar a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), ya que en la actualidad sólo existe el sistema público de reparto, según el cual los aportes de los trabajadores activos se utilizan para pagar a los jubilados.

Subsidios millonarios que acentúan las desigualdades sociales

La propuesta excluye a los militares, quienes disfrutan de prestaciones aún más holgadas. Este tema ha sido muy criticado por los parlamentarios, porque Bolsonaro, el vicepresidente y ocho miembros del gabinete son militares, lo que ha obligado al gobierno a prometer una reforma de las jubilaciones militares.

El proyecto de ley pretende reducir un déficit creciente que, desde hace décadas, limita las inversiones públicas y los programas sociales a nivel nacional. En 10 años persigue ahorrar 1,2 billones de reales, unos 320,000 millones de dólares, lo cual implicaría una reducción similar de los beneficios actuales de los envejecientes cariocas.

Contrario a la propaganda, los resultados del sistema de reparto público terminan acentuando las crecientes desigualdades sociales, incluso en los modelos como el brasileño, donde se otorgan pensiones muy jugosas y subsidiadas. Y es que el sistema de retiro reproduce la estructura desigual e inequitativa del mercado laboral.

En caso de Brasil, así como el de muchos otros que continuaremos comentando, no existe la prometida solidaridad social, ni la redistribución del ingreso ya que, tanto los aportes como las pensiones, representan siempre porcentajes fijos del salario de cada trabajador. Sin considerar, desde luego, los grandes privilegios que se auto otorgan las minorías influyentes.

Los subsidios, lejos de asegurar una transferencia real a favor de los más pobres y vulnerables, acentúan la brecha social, especialmente en los países con impuestos regresivos. Recordemos que un estudio del Banco Mundial demostró que en Brasil el 35% de los subsidios para pensiones se paga al 20% más rico, mientras el 20% más pobre solo recibe el 4% del subsidio.  

La experiencia demuestra que las pensiones dignas sólo son sostenibles en el tiempo, cuando existe una correspondencia entre los porcentajes de cotización y de reemplazo, y entre los años de aporte y de pensión. Además, que el equilibrio financiero de las pensiones contributivas, es una condición sine qua non para poder otorgar las pensiones solidarias a las familias más pobres y vulnerables. ADS/195/11/07/2019