La pasada administración marginó de la protección social a los trabajadores por cuenta propia, alegando falta de recursos, mientras desarrollaba la más compleja red de corrupción y despilfarro del país
Los trabajadores independientes o por cuenta propia constituyen, sin lugar a dudas, el sector social más castigado por la irrupción de la pandemia. En condiciones normales, representan el 57% de la población económicamente activa (PEA), pero es muy posible que a partir del COVID supere el 60%.
A pesar de que la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) les creó el Régimen Contributivo Subsidiado, acorde con sus características laborales y sociales, los gobiernos del PLD iniciaron una campaña para restarle validez y funcionalidad a este régimen de financiamiento.
La verdadera razón es que, de acuerdo a la Ley, al Estado le corresponde cubrir una parte del costo de la afiliación a la seguridad social, habida cuenta de que esos trabajadores, a diferencia de sus homólogos asalariados, no cuentan con un financiamiento solidario para su protección social.
Esperando poder justificar su mezquindad, las autoridades del CNSS ordenaron tres estudios para evaluar la viabilidad del Régimen Contributivo Subsidiado. La SIPEN me contrató para uno de ellos y los otros dos fueron realizados paralelamente por técnicos internacionales de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los tres estudios independientes demostraron la viabilidad y factibilidad de la protección de los trabajadores independientes bajo la modalidad del régimen Contributivo Subsidiado. Pero, aun así, se mantuvo la campaña de cuestionamiento. Fueron tan lejos que llegaron a proponer su eliminación para quitarse esa carga de encima.
Mientras alegaban que ese “Régimen es muy costoso” el gobierno de Danilo Medina ejecutó el más ambicioso plan de corrupción y dilapidación jamás visto en el país, no sólo mediante la sobrevaluación multimillonaria de las grandes obras públicas sino, además, creando nominillas fantasmas con más de 20,000 supuestos “empleados” con un costo todavía incalculable para el país.
El presidente Abinader puede marcar la diferencia
Para muestra basta un botón. Adriano Espaillat, congresista dominicano en USA, se alarma sobre la cantidad y los altos salarios del “cuerpo diplomático”. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informa que han logrado ahorros por 191 millones de pesos por mes, al cancelar a 1,600 empleados fantasmas.
En INAPA existían cinco nóminas ocultas por 700 millones de pesos al año. El Ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Víctor Ito Bisonó, denunció una nómina oculta de 4,500 personas, con un costo de 611.0 millones de pesos. El contrato sombra de la carretera a Samaná nos ha costado 26,835 millones de pesos en sólo ocho años.
Por su parte, el actual gobierno anunció la regulación a los viajes oficiales al exterior con ahorros por alrededor de 650 millones de pesos al año, y señaló que solo por concepto de viáticos por viajes al exterior los funcionarios de reciben unos 1,500 millones de pesos cada año sin tener que rendir cuenta.
Esas evidencias demuestran la falta de voluntad política para universalizar la seguridad social. El presidente Abinader puede marcar la diferencia, ya que prometió iniciar el Régimen Contributivo Subsidiado a favor de los cuentapropistas, y ha logrado importantes ahorros en la asignación de los recursos. ADS/373/11/02/2021