El sistema público de reparto descansa en una arquitectura piramidal basada en más cotizantes por pensionado. Su creciente insostenibilidad financiera reside en que los aportantes por jubilado se han reducido a casi la mitad durante las últimas décadas

El sistema de reparto tiene 140 años de existencia. Tuvo muchas décadas de esplendor porque invertía los aportes y obtenía beneficios. Pero en su etapa de madurez paga las pensiones con los aportes de los cotizantes, reduciendo su capacidad de ahorro, inversión y acumulación. Una dependencia piramidal que se agudiza con el aumento de la esperanza de vida de los pensionados.

El resultado es un creciente desequilibrio financiero que eleva progresivamente el gasto en pensiones como porcentaje del PIB, incluso cuando crece la economía. Esta relación activo/pasivo constituye el «termómetro» de su solvencia financiera, como muestra España:

Década 1960-1970: 8.0 cotizantes por pensionado, con un costo fiscal del 5% del PIB

Década 1990-2000: 3.5 aportantes por jubilado, conuncosto fiscal del 8% del PIB

Período 2000-2010: 2.5 cotizantes por pensionado, con un costo fiscal del 9% del PIB

Década 2010-2020: 2.2 aportantes por jubilado, con un costo fiscal del 11% del PIB

Período 2021-2024: 2.1 cotizantes por afiliado, con un costo fiscal del 12% del PIB

Esta reducción a dos cotizantes por pensionado agudiza el gasto fiscal consumiendo una porción cada vez mayor de la riqueza nacional (PIB), obligando a destinar menos recursos a otras políticas públicas como salud y educación o, en su defecto, a elevar el gasto público para financiar el déficit del sistema.

Las proyecciones del Pacto de Toledo y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) indican que el déficit y la presión fiscal seguirán aumentando durante las próximas décadas, pudiendo alcanzar alrededor del 15% del PIB en el 2050.

El sistema público de reparto es tan grande y extendido que el costo de una reforma integral resulta cada vez más elevado en términos financieros, sociales y políticos

La tendencia al desequilibrio se redujo mediante la promoción de una fuerte inmigración de trabajadores que aumentaron las aportaciones. Pero ello solo retardó el déficit y el costo fiscal, porque esos nuevos cotizantes igualmente recibirán una pensión. También se han registrado períodos muy críticos durante la pandemia y con la jubilación masiva del baby boom.

Obviamente, este proceso no solo pone en jaque al modelo español. Es una tendencia mundial debido a la reducción de la natalidad y al aumento de los jubilados cada vez más longevos. Estamos ante la paradoja de que la longevidad, un gran avance de la humanidad, cuestiona el apalancamiento piramidal y pone en jaque al sistema público de reparto. También afecta al sistema de capitalización individual, pero en mucho menor grado, porque las pensiones no dependen de la cantidad de trabajadores activos.

En Europa las pensiones han pasado de ser un componente moderado del gasto público, a constituirse en la partida más importante del gasto público. Y las actuales tensiones geopolíticas acentúan las estrecheces debido a un aumento sensible del presupuesto para defensa, a costa del gasto social y del “Estado de Bienestar Social”.

Actualmente los sistemas públicos de pensiones se enfrentan a un enorme desafío: una base contributiva que se contrae, frente a una masa de pensionados que se expande y vive más. Una presión creciente, insostenible e indetenible que obliga a reformas profundas.

Ante las crisis cíclicas de insostenibilidad financiera las autoridades han tratado de introducir importantes reformas paramétricas. Por el lado del gasto, tendentes a reducir las prestaciones (aumentando los años de retiro y endureciendo el cálculo de las pensiones, entre otros). Y además, por el lado de los ingresos, orientadas a aumentar los años y el porcentaje del aporte.

Pero ambas reformas generan una resistencia cada vez mayor y más virulenta afectando la gobernanza, cuya solución termina comprometiendo aún más las finanzas públicas. Cualquier solución estructural implica el restablecimiento gradual de la capacidad de ahorro, inversión y acumulación. Pero el sistema público de reparto es tan grande y extendido que el costo de una reforma integral resulta cada vez más elevado en términos financieros, sociales y políticos.  

Desde luego, el sistema de capitalización individual también tiene sus problemas requiriendo cambios urgentes, como explicaremos la próxima semana. ADS/615/04/12/2025