Celebramos el retorno a la normalidad escolar, y llamamos a reflexionar sobre la impopularidad y los daños de los frecuentes paros y huelgas que erosionan el derecho a la salud y a la educación de las familias más pobres y vulnerables

Por fin la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) acordó con el Ministerio de Educación (Minerd), el retorno a las clases presenciales, terminando el impase entre el gremio magisterial y las autoridades de educación, con daños incalculables a la educación básica y a la institucional del país.

Además, la ADP aceptó completar el calendario escolar, a fin de que los tres millones de niños puedan recuperar el tiempo perdido y concluir el ciclo educativo sin nuevos tropiezos. Ambas acordaron continuar e intensificar la campaña de vacunación de los maestros, alumnos y del personal administrativo.

Se recuerda que hace dos semanas los ministerios de Salud y Educación, previa evaluación de la situación sanitaria del país, acordaron reiniciar la docencia a partir del 11 de enero, comprometiéndose a tomar todas las previsiones para garantizar un ambiente escolar sano y ajustado al protocolo.

No obstante, la ADP llamó a los maestros a no reintegrarse a las aulas, alegando la existencia de un rebrote del COVID-19 con la variante ómicron, sin tomar en cuenta que la inmensa mayoría de los maestros ya había sido inmunizada, con resultados satisfactorios.

En una natural reacción, la Federación de Asociaciones de Padres y Tutores llamó a la ADP a no politizar la educación, a deponer sus intereses frente al derecho constitucional de garantizar una educación integral, suficiente, oportuna y de calidad a todos los niños y niñas del país. Ahora, al recibir la noticia, celebró la reanudación de las clases.

La sensatez es una de las virtudes más escasa y menospreciada, entre los líderes y dirigentes políticos y gremiales dominicanos. La norma siempre ha sido, anteponer los intereses grupales al interés nacional, sin importar su impacto negativo, pasa casi tres millones de alumnos de las escuelas públicas del país.

La insensatez de esa decisión se mide porque, si bien es cierto que hubo un rebrote del ómicrom, no es menos cierto que el alto grado de vacunación ha reducido sus efectos sin arriesgar la vida de los infestados. Lo lógico hubiese sido retornar a clase, mantenerse alertas y reaccionar sólo en aquellas escuelas y localidades contaminadas. 

La politiquería multiplica la insensatez sin medir las consecuencias

Pero, lamentablemente, la adopción de posiciones equilibradas y sensatas casi siempre resulta tardía. Hubo un repudio prácticamente generalizado contra la decisión de la ADP, al extremo de que, por primera vez en décadas, todos los ex directores de ese gremio, de todos los partidos y colores, se reunieron para solicitar el retorno a la normalidad.

La posición racial de la ADP de que los maestros no retornaran a clase como había decidido el Ministerio de Educación, constituyó un abierto desafío a la autoridad y una demostración de quienes son los que realmente mandan. Lo preocupante es que esa práctica no sólo ocurre en educación sino, además, en salud y en el transporte.  

Desde hace largas décadas, estos gremios actúan por encima de los derechos consagrados por la Constitución y en las leyes del país, haciendo huelgas y paros que interrumpen el libre acceso regular y oportuno de la población a dos servicios esenciales para su superación y sobrevivencia.

La buena noticia es que, luego de más de medio siglo de impotencia, las organizaciones sindicales y las asociaciones de padres de los alumnos, además de condenar esta conducta irreprochable, han demostrado estar en disposición de someter a la justicia a los responsables de esta denegación de los derechos constitucionales fundamentales.     

La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT), celebra el retorno a la normalidad escolar, y llama a los gremios involucrados a reflexionar sobre la impopularidad y los daños de los frecuentes paros y huelgas que erosionan el derecho a la salud y a la educación de los dominicanos, especialmente de las familias más pobres y vulnerables. ADS/419/20/01/202