A pesar de la reducción creciente del monto de las pensiones y jubilaciones, continúa creciendo el déficit financiero del sistema de reparto español

Las noticias que nos llegan no resultan nada auspiciosas para los millones de trabajadores españoles, y debieran ser objeto de análisis y seguimiento, porque en todas las naciones los sistemas de pensiones están en crisis, tanto los de reparto público, como los de capitalización individual.

A partir de este año, los nuevos jubilados españoles tendrán que conformarse con una pensión media del 70%, nivel considerado como el más bajo después de la crisis de la economía española.  Y en adición, la actualización anual de las pensiones apenas será del 0.25%.

La crisis española es quizás la más sonada del viejo continente, debido a que sus pensiones son las más generosas de la Unión Europea. Según la OCDE, la tasa promedio de reemplazo llega al 73%, mientras el promedio del resto de Europa se sitúa en el 40.6%.

Las críticas se dirigen al expresidente Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español (PESOE), quien en el 2011 logró una reforma que elevó la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentó de 15 a 25 años el período laboral para calcular el salario promedio para determinar el monto de las pensiones y jubilaciones.

No obstante, tres años después, el presidente Rajoy se vio obligado a profundizar aún más los ajustes, para manejar el tremendo agujero fiscal, como la única salida, dolorosa por cierto, y muy costosa políticamente, para enfrentar el enorme déficit del sistema de reparto.

Pero esos son sólo los primeros impactos de los ajustes estructurales al viejo sistema, otrora el orgullo de las pasadas generaciones de trabajadores activos y pasivos. Lo que les espera a las presentes y futuras generaciones son mayores recortes que  reducirán, aún más, su nivel de vida en la etapa final de su existencia.

Ni siguiera el tratamiento de choque  ha eliminado el déficit

De acuerdo a José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), “la llamada Ley de Modernización de la Seguridad Social del 2011 ha conseguido que en 2018 la reducción de las nuevas pensiones sea ya del 10%, la peor tasa de reemplazo desde los años de crisis”.

Según sus estimaciones, las nuevas pensiones llegarán a ser un 15% más reducidas en 2025 con respecto al último sueldo que en 2011 y, de este porcentaje, el 12% se le carga a la reforma socialista y el 3% al conservador Partido Popular.

El presidente de la AIReF concluyó que, sin reducir las pensiones vigentes, «para equilibrar el sistema de Seguridad Social con la fórmula actual, será necesario aportar cada año un 2% del PIB [unos 22.000 millones de euros anuales] hasta el comienzo de la próxima década».

Un país como España que luego de grandes sacrificios apenas ha superado la crisis económica y que todavía mantiene un elevado nivel de desempleo, ahora se enfrenta al enorme desafío de evitar el colapso de su emblemático sistema de seguridad social, y al mismo tiempo, evitar el empobrecimiento de millones de jubilados y pensionados.

Estamos moral y profesionalmente obligados a darle seguimiento a los sistemas de reforma de las pensiones, como una contribución a la toma de conciencia nacional sobre los riesgos y peligros existentes, y la necesidad de enderezar los entuertos antes de que sea demasiado tarde. Igual para el sistema de capitalización individual. SDS/228/15/03/2018