Reiteramos que, para elevar la calidad y oportunidad de la protección social, tan importante es modificar la Ley 87-01, como implementar las reformas pendientes y revisar los reglamentos que perjudican a los afiliados

El anuncio de la Presidencia de la República de que enviará al Congreso una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Social, ha sorprendido a muchos pues en los últimos meses los aprestos en ese sentido, se concentraron en el Senado, cuya comisión lleva meses escuchando propuestas con la misma finalidad.

Incluso, recientemente la Cámara de Diputados, hizo lo propio y designó una comisión para abordar el tema. Y luego se anunció la creación de una comisión mixta, integrada por senadores y diputados, en interés de avanzar en forma unificada hacia una reforma de la citada Ley.

Las discusiones en el Senado se han centrado en un proyecto de modificación, originalmente propuesto por las centrales sindicales, y luego acogido y avalado por cuatro senadores, quienes lo sometieron formalmente al Senado, siendo remitido a la Comisión de Seguridad Social y Trabajo.

De acuerdo a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, en una reunión presidida por el Presidente Danilo Medina con los altos funcionarios de la Seguridad Social, se discutieron las acciones y modificaciones necesarias “para mejorar la cobertura y eficiencia del Sistema, sobre todo para promover una mayor protección para los trabajadores”.

Esta iniciativa presidencial alienta la esperanza de que en los próximos meses pueda lograrse una reforma de los puntos más críticos de la Ley 87-01, integrando los esfuerzos tanto del ejecutivo como del legislativo, para llegar a un acuerdo general, que esperamos, eleve la cobertura e incline la balanza hacia los afiliados.

Al parecer, las autoridades nacionales han comprendido que su pasividad e indiferencia de los últimos meses han contribuido a generar una sensación de orfandad en la población y en la opinión pública, en momentos en que crecen, en forma acelerada, los abusos por el cobro de copagos ilegales, así como la resistencia a implantar el primer nivel de atención como dispone la Ley de Seguridad Social.

A este panorama un tanto sombrío, se agregan los resultados del debate en los medios de comunicación, sobre las proyecciones de una tasa de remplazo que conduce a pensiones miserables, mientras las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) obtienen ganancias exorbitantes.

Cambios esenciales en la Ley + aplicación de las reformas pendientes

Abrigamos la esperanza de que, tanto en el ánimo de la Presidencia como del Congreso, prevalezca la voluntad política real de mejorar la calidad y oportunidad de los servicios y de continuar ampliando la cobertura hasta alcanzar la meta de la universalidad.

Ello así, porque entonces las acciones no deberán limitarse a reformar la Ley sino, además, a implementar las reformas estructurales que la misma dispone, lamentablemente aplazadas durante más de tres lustros.

En adición, vale la pena señalar que muchas de las quejas de los trabajadores y de los demás afiliados, tienen su base en distorsiones y desactualizaciones de varios de los reglamentos de aplicación, tanto del Seguro Familiar de Salud (SFS), como del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia (SVDS), por lo que su revisión es igualmente imperativa.

Ha trascendido que el interés inmediato de las autoridades es buscar una solución a la deuda millonaria de los ayuntamientos y distritos municipales, para viabilizar la afiliación regular de cientos de miles de servidores municipales, actualmente desprotegidos. Las moras y los retrasos también afectan a miles de pequeñas y medianas empresas.

En vista de que hace unos años se acortó una amnistía, pero sólo una parte optó por aprovecharla. Esta vez, es preciso establecer mecanismos y procedimientos para asegurar su cabal cumplimiento. ADS/266/29/11/2018