*Apoyamos la propuesta de la SISALRIL de establecer una cápita mensual diferenciada por edad y sexo, como lo establece la Ley 87-01 y porque es más justa y equitativa. Favorecemos una solución integral con aplicación gradual programada para garantizar los derechos y la libre elección de los afiliados*

La Ley 87-01 dispone el establecimiento de la cápita diferenciada por riesgo (edad, sexo y vulnerabilidad), en interés de *una asignación de los recursos más racional y equitativa*, a fin de asegurar una atención adecuada y oportuna a todos los afiliados de edad avanzada y en situación vulnerable de salud.

La lógica es *asignar los recursos de acuerdo a la demanda* regular de los diferentes segmentos de afiliados, según la edad y el sexo. A pesar de las resistencias de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) *con baja afiliación de envejecientes*, la propuesta de SISALRIL de una cápita diferenciada en función del riesgo ha logrado gran aceptación.

De acuerdo a la misma, las ARS con una mayor proporción de afiliados de la tercera edad *recibirán una cápita mayor, para compensar la creciente demanda de servicios de salud cada vez más costosos*. Por ejemplo, mientras los afiliados a la ARS Dr. Yunén mayores de 55 años apenas equivalen al 8.0%, en el SENASA representan el 15.4%, *prácticamente el doble, sin embargo recibiendo la misma cápita*.

Este cambio, *beneficiará al SENASA* con ingresos adicionales de unos 1,218.3 millones de pesos, al pasar de 33,950.5 millones a 35,168.8 millones al año. También a las ARS Primera, Mapfre, Universal, Reservas, del Banco Central y al SEMMA, *porque son las ARS que concentran la mayor proporción de afiliados envejecientes, quienes demandan más servicios especializados y más medicamentos costosos*.

Obviamente, reducirá la cápita de las ARS más pequeñas, las cuales durante casi dos décadas *han recibido la misma cápita, a pesar de tener un porcentaje menor de mayores de 55 años*. Por ejemplo, de acuerdo a los cálculos preliminares, la cápita total de ARS Futuro se reducirá en unos 1,277.6 millones, al bajar de 5,884.6 a 4,607 millones al año.

*Por una solución integral con una aplicación gradual programada*

La Asociación de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (ADIMARS) que agrupa a cinco ARS medianas y pequeñas *con menos afiliados envejecientes*, ya reconoce la diversidad de los perfiles de riesgo de la población y favorece “un proceso gradual de ajuste de la cápita para contribuir a una mayor estabilidad financiera del Sistema”.

Propone iniciar el desmonte mediante *la aprobación de una cápita diferenciada parcial* aplicable a los afiliados mayores de 55 años a partir de la actualización del monto de la cápita de acuerdo a la inflación. Argumenta que la misma “garantiza que las decisiones se tomen sobre bases técnicas sólidas respondiendo a criterios sostenibles, evaluando en conjunto su impacto y la viabilidad, a fin de contar con el respaldo interinstitucional de todos”. 

ADIMARS asume *un aumento de la cápita mensual de 118.00 pesos*, de los cuales 35.42 pesos se agregarían a la cápita actual de 1,683.22 para elevarla a 1,718.64 un aumento uniforme que se aplicaría a todos los afiliados. En adición, a esa nueva cápita general se le agregarían unos 631.89 pesos para totalizar *2,350.13 que sería la cápita para los afiliados mayores de 55 años*.

Según señalan, esta medida “introduciría *una primera clasificación de riesgo etario*, que sentaría las bases para incorporar, en futuras etapas, otros factores como las enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, entre otras) que impactan directamente en el costo medio de los servicios prestados a los afiliados”.

El mayor mérito de esta propuesta es que *acepta la necesidad de un cambio en la asignación de la cápita*. Su contenido técnico resulta interesante y podría ser un punto de partida para una solución integral, gradual y equitativa, reduciendo las incertidumbres y resistencias. En este caso, lo más importante es la finalidad y la direccionalidad del cambio.

*Apoyamos totalmente a la SISALRIL en esta iniciativa* y en cualquiera otra que tenga como objetivo elevar los servicios, mejorar la calidad y garantizar los derechos de la población. Una solución integral de aplicación gradual daría tiempo a las ARS a realizar los ajustes necesarios, *evitando cualquier tendencia monopolística que restrinja los derechos y la libre elección de los afiliados*. ADS/610/30/10/2025