En materia previsional, sólo existen dos grandes ganadores: las AFP, con beneficios que han triplicado su patrimonio en sólo nueve años, y el Estado, que ha recibido elevados impuestos, mientras sobre los trabajadores dominicanos pende el pronóstico de recibir pensiones humillantes

Entre el 2011 y el 2019, es decir, en sólo nueve años, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) han obtenido beneficios netos tres veces superiores al patrimonio declarado, lo que evidencia las enormes distorsiones existentes, con la mirada complaciente de la SIPEN, del CNSS y de las autoridades nacionales

Esta injusticia mayúscula se produce y reproduce, año tras año, a pesar de que todos los estudios vaticinan la entrega de una pensión de miseria, inferior a la cuarta parte del salario de los trabajadores dominicanos. En vez de proponer los cambios necesarios para mejorar las pensiones y jubilaciones, las autoridades hacen causa común en su contra.   

De acuerdo a los boletines de la SIPEN, las AFP acumularon ingresos brutos por 59,784.7 millones, con gastos operacionales ascendentes a 18,559.7 millones, lo que arroja beneficios brutos de 41,225.0 millones en sólo nueve años, incluyendo los ingresos operacionales, financieros y extraordinarios.  

Durante el período considerado pagaron impuestos por 10,296.9 millones, asegurando una ganancia neta de 30,928.2 millones, monto que triplica un patrimonio acumulado de 10,125.5 millones, como muestra el Cuadro anexo. Estos niveles de rentabilidad bruta y neta, no dejan ninguna duda de que estamos hablando del negocio más rentable del país, a expensas del sudor de millones de trabajadores dominicanos, la gran mayoría con salarios inferiores de 20,000.00 pesos.

Una alianza pública-privada que minimiza las pensiones

Estos resultados oficiales, publicados en los boletines de la SIPEN, revelan la existencia de una alianza “pública-privada” entre las AFP y el Estado, ya que ambos se benefician ampliamente de las altas comisiones cobradas a los indefensos cotizantes de la seguridad social, mientras pende sobre ellos el pronóstico de recibir pensiones entre un 22% y un 30% del salario, luego de 30 años de cotización.

En este caso, la complicidad del Estado es doble ya que, en adición a los elevados impuestos recibidos, su AFP también es beneficiaria directa de las jugosas comisiones cobradas a los cotizantes. Esta doble participación es suficiente para comprender por qué las autoridades han modificado la comisión para aumentar los beneficios de las AFP.    

Estamos hablando de una administración manejada con criterios puramente mercantiles, con una tasa de retorno que escandaliza e indigna, a pesar de que se trata de una actividad “eminentemente social”, con características muy especiales que reducen significativamente el costo operativo del fondo de retiro.

En primer lugar, porque constituye “un mercado cautivo” por tratarse de una afiliación universal y obligatoria; en segundo lugar, porque genera un fondo de retiro que crece y se acumula rápidamente; en tercer lugar, porque libera a las AFP del costo del proceso de recaudo y de persecución de los morosos y evasores, reduciendo significativamente el costo operativo (ahora injustamente pagado por los trabajadores); y, en cuarto lugar, porque la estrechez del mercado limita las opciones de inversión.

Es cierto que el sistema previsional se ha convertido en un gran negocio para las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), haciendo su agosto todos los meses de todos los años. Pero, también es cierto que el Estado se ha convertido en su cómplice y socio en la repartición de los beneficios, en vez de asumir la protección de los trabajadores como disponen la Constitución de la República y la Ley de Seguridad Social. ADS/325/27/02/2020