El toque de queda, por sí mismo, no garantiza el control del COVID 19, mucho menos si falta autoridad y se autorizan privilegios a minorías, mientras la gran mayoría sufre las consecuencias de ese sacrificio

El gobierno del presidente Luis Abinader contuvo la propagación del COVID 19, sin cambios en la estrategia anterior, con solo eliminar la politiquería y la corrupción pasada, empleando esos y otros recursos presupuestarios a la compra de los insumos necesarios para realizar más pruebas a una mayor cantidad de pacientes.

Estos buenos resultados aumentaron la demanda de una más rápida reapertura económica, en interés de reducir el desempleo estacional, reactivar el crecimiento y aumentar las recaudaciones. Este reclamo tubo como caldo de cultivo un cansancio generalizado, luego de nueve meses de un confinamiento sin precedentes. 

Se reabrieron los vuelos y las actividades turísticas; los restaurantes comenzaron a ofertar los servicios básicos, y se multiplicaron las actividades informales que constituyen el sustento a más de un millón de trabajadores por cuenta propia. Y el transporte masivo de pasajeros recobró su normalidad.

Desde principio de diciembre, se flexibilizaron aún más las restricciones sanitarias, con el terrible agravante de una permisividad ostensible a favor de los grupos y sectores económicos privilegiados y con influencia política, lo que ha escandalizado y desmoralizado a la clase media y a los sectores populares. Ahora el rebrote resulta muy preocupante.  

El 2021 comenzó con la impresión general de falta de autoridad y confusión sobre la estrategia contra el COVID 19. En adición, crece el descontento, expresado en un cuestionamiento directo a unas autoridades con sólo cuatro meses en el poder, lo cual es muy lamentable y preocupante.

Es necesario revisar la estrategia general contra el COVID 19

En medio de tantas opiniones diversas, y a pesar de las mutaciones del COVID 19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, sí o sí, el uso de mascarillas, mayor higiene personal y distanciamiento social. Eso es lo verdaderamente importante y el punto de partida de cualquier estrategia nacional.

Eso quiere decir que, cualquier restricción o flexibilización debe garantizar el cumplimiento estricto de esas tres normas básicas, al menos, hasta que sea posible vacunar a la gran mayoría de la población, especialmente a la de mayor riesgo, por edad y exposición.

Es necesario entender que el toque de queda, por sí mismo, no es la solución, sino un recurso coadyuvante al distanciamiento social. Que su efectividad real depende de la capacidad de las autoridades para garantizar su estricto cumplimiento, ya que, de lo contrario, sólo representa un sacrificio inútil para quienes lo aceptan y respetan.

La lógica indica que, siempre que se use la mascarilla y se observe el distanciamiento social, el riesgo de contaminación se reduce, aunque no exista toque de queda. Y a la inversa, sin mascarillas ni distanciamiento social, el riesgo aumenta, aunque exista un toque de queda total.  

Desde luego, no hay que llegar a tales extremos. Un toque de queda razonable ayuda. La mejor estrategia es la que maximiza la protección sanitaria, minimizando su impacto en la economía, el empleo y los impuestos, siempre que exista voluntad política para cumplir y hacer cumplir las restricciones a todos, sin injusticias ni privilegios. ADS/369/14/01/2021