A pesar de los pronósticos de muy bajas pensiones, ahora los trabajadores dominicanos tendrán que financiar a la DIDA y a la TSS, con lo cual el gobierno se economiza el pago de millones para destinarlos a más actividades superfluas

La recientemente promulgada ley 13-20 que modifica el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) elimina la mora de decenas de miles de empresas y de más de un centenar de los ayuntamientos, lo cual era necesario. Pero también, de facto, libera al oficialismo de la obligación presupuestaria con la DIDA y la TSS. 

Soy el primero en reconocer la necesidad de fortalecer a la TSS, dotándola de personería jurídica para perseguir una evasión y elusión que atenta contra la sostenibilidad financiera del SDSS y le niega el derecho a la protección social de 175,000 trabajadores. También es necesario fortalecer a la DIDA, ante las crecientes críticas, denuncias e inconformidad de los afiliados.

Hasta ahí todo va de lo más bien. Pero lo que no se le ha dicho a los cotizantes y a la opinión pública es que a partir de ahora ese costo saldrá del sudor y las lágrimas de los trabajadores liberando, otra vez más, al Gobierno Nacional de esa responsabilidad, en una nueva versión de la mezquindad gubernamental frente a la seguridad social.

La ley aprobada destina un 0.1% del salario cotizable del seguro de vejez para financiar a la TSS, y otro 0.05% para la DIDA. ¿Por qué para fortalecer a estas entidades públicas habría que sacrificar a los pobres trabajadores? Porque desde hace siete años las autoridades congelaron la asignación al CNSS, léase a la DIDA y a la TSS, a pesar del incremento anual del presupuesto nacional.

De esa forma, el gobierno se economiza unos 1,000 millones al año, que ahora serán pagados por los cotizantes a pensiones, los cuales serán utilizados en las partidas superfluas que han denunciado como innecesarias, tanto OXFAM internacional como otras entidades. Varias fundaciones guardaron un silencio cómplice ante ese atropello.

Tengo que informar, que fui el único que en el seno de la Comisión de Seguridad Social Bicameral que criticó esta distorsión sin precedentes, mientras en todas sus intervenciones los delegados sindicales presentes apoyaron abiertamente esa decisión totalmente contraria a los verdaderos intereses de los trabajadores.

Un matrimonio entre la mezquindad oficial y la indolencia burocrática

En adición, esta disposición introduce otra inconsistencia en la Ley, única en el mundo: un sistema de pensiones incapaz de garantizar pensiones dignas, en vez de ser dotado de urgencia de mayores cotizaciones para elevar las prestaciones, ahora obliga a los cotizantes a destinar parte de sus aportes a financiar las operaciones de la DIDA y de la TSS, dos instituciones que brindan servicio común a todo el sistema.

Ahora estamos frente al caso inaudito de que los pobres trabajadores dominicanos, con un futuro absolutamente incierto, cubrirán con su trabajo el funcionamiento de una entidad que cobra las cotizaciones y le brinda en bandeja de plata esos recursos a las AFP, sin ningún costo para éstas. ¿No es eso una distorsión inconcebible?

Hace casi un año, desde que me opuse a esa barbaridad, Henry Shadalá y Nélsida Marmolejos me criticaron, señalando ésta última que las superintendencias recibían esos recursos. Es cierto. Pero el objetivo ha sido distorsionado ya que, en vez de fortalecer la independencia de esas instituciones, para proteger el derecho y los intereses de los derechohabientes, lo que ha sucedido es lo contrario.

Nunca nos imaginamos que esos recursos serían utilizados para pagar hasta 18 salarios al año. Un abuso de poder imposible con los fondos del presupuesto, pero sí con los aportes de millones de trabajadores, cuyos salarios a duras penas les permiten llegar a fin de mes. Estamos frente a un matrimonio entre la mezquindad oficial y el abuso burocrático, sancionado por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. ADS/324/02/2020