Mientras una mafia corrupta acumula miles de millones de pesos del presupuesto, los hospitales públicos carecen de lo esencial, obligando a las familias más pobres y vulnerables a endeudarse con usureros para recibir la atención médica a la que tienen derecho

Lo que les voy a contar es conmovedor sobre Neftalí, un hijo de una humilde madre que sobrevive cocinando, lavando y planchando, con dedicación y extrema honradez, como un ejemplo típico del trabajo y del sacrificio para sobrevivir de la gran mayoría de las familias de escasos ingresos de nuestro país.

Neftalí, de 32 años, casado y con 2 hijos, tuvo un accidente el sábado 21 pasado al caerle una puerta de hierro pesada que le fracturó el brazo derecho y la pierna izquierda. Lo llevaron de emergencia al hospital Ney Arias Lora y de inmediato le hicieron un seguro de salud, porque había que hacerle dos operaciones, una en el brazo y la otra en la pierna.

Neftalí tenía un seguro médico privado, que perdió al quedar desempleado de una pequeña empresa que quebró. Tiene en trámite una solicitud de afiliación al SENASA Subsidiado y al momento del accidente no carecía de un carnet activado. El hospital alegó falta de fondos para comprar los materiales para la operación.

A pesar de ser un hospital público, financiado con los impuestos que pagamos, allí le exigieron a su madre un depósito de 20,000.00 “o de lo contrario, lo vamos a despachar a su casa hasta que usted resuelva”. Juliana, la madre desesperada, acudió al síndico de La Victoria quien le extendió una carta al hospital, sin ningún resultado.    

Juliana me contó la situación. Le expliqué que Neftalí tiene derecho constitucional a la atención gratuita, aunque no tuviera un seguro médico, y le aconsejé reclamar su derecho con fuerza e insistencia en el área de labor social del hospital. Después de cinco días de incertidumbre y ruegos, el jueves 26, cinco días después, Neftalí fue operado de la pierna y le vendaron el brazo.

El bajo presupuesto hospitalario aumenta el gasto de bolsillo de las familias

Luego de dos días de recuperación, el hospital retuvo a Neftalí hasta que la familia buscara, donde sea, y depositara 10,000.00, y se comprometiera a pagar luego los otros 10,000.00. Entre familiares y amigos hicimos una colecta a la carrera para poder sacar al muchacho del hospital.  

Pero la desgracia de esa humilde familia todavía no termina. Cuando le dieron de alta le recetaron 21 inyecciones a razón de 1,160.00 el par, para un costo de 12,180.00. A los pocos días fue a la primera cura y le cobraron 2,000.00 y queda otra dentro de una semana. En total, este accidente le va a costar unos 36,180.00, el equivalente a casi tres menos de ingreso familiar.

En la Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) sentimos una profunda indignación cuando comprobamos las penurias de esas familias debido al bajo presupuesto de los hospitales, en medio de tanto despilfarro por sueldos excesivos y privilegios irritantes como el cofrecito y el barrilito, entre otros derroches.

En momentos en que se conoce que un grupito de funcionarios y familiares corruptos desfalcaron al Estado dominicano por más de 4,797 millones de pesos, mientras los centros de salud carecen de lo esencial para atender a cientos de miles de familias como la de Juliana, contando con la complicidad e impunidad gubernamental.

Casos como éstos, que se suceden hora tras hora en todo el territorio nacional, explican el crecimiento del gasto de bolsillo de las familias más pobres y vulnerables, a pesar de que la Ley de Seguridad Social fue consensuada y aprobada para eliminar todas las barreras de acceso a los servicios de salud.

Ojalá el presidente Luis Abinader sea enterado de este caso, y disponga el auxilio de esta familia desesperada y el cese de esta práctica excluyente e injusta. ADS/366/03/12/2020