Si hasta el Presidente de la República está sujeto a controles constitucionales y a penalidades, ¿cómo pretende el CMD que sus miembros estén exentos del control y de la  fiscalización de los servicios prestados, en un sistema obligatorio y universal?

Si hay que eliminar a las ARS porque son intermediarias, ¿por qué, sin embargo, la cúpula del CMD propone mantener al SENASA, si también es una ARS improductiva? Aunque sea pública, si es una simple intermediaria costosa, igualmente perjudicaría a los afiliados, impidiendo que ese costo se emplee en aumentar los servicios, como demanda el CMD.

La incoherencia de este argumento demuestra lo poco que importa que sea “improductiva”. Lo que realmente quiere la cúpula del CMD es que sea pública, porque así es fácil convertir al SENASA en una ARS politizada, clientelista, corrupta y sobre todo, manejable, como lo fue el IDSS, durante 70 años.

Si las ARSs ofrecieran sus servicios gratuitos, pero fueran independientes, aun así serían rechazadas, porque lo que realmente molesta es que su función es contratar, controlar, dar seguimiento, revisar facturas y rechazar reclamos excesivos, de minorías de médicos que no cumplen con los protocolos y que prescriben análisis innecesarios y medicinas no cubiertas por el PDSS, para su propio provecho.

La competencia y la libre elección determinan el éxito del SENASA

Hasta ahora, el SENASA Contributivo ha controlado el clientelismo, la corrupción y la politiquería, debido principalmente a la competencia y a la libre elección:

• Compite en un ambiente de libre elección, con ARS privadas muy agresivas, que le pueden quitar los afiliados
• Obligado por la competencia a garantizar una adecuada cobertura, calidad y oportunidad. (Y también, la competencia del SENASA obliga a las ARS privadas).

¿Qué pasaría si las demás ARS desaparecieran? El SENASA carecería de competencia, razón principal de su eficiencia, y se convertiría en un monopolio todopoderoso, sujeto a los vaivenes de los gobiernos de turno. El poder omnipotente de los sindicatos de la salud se multiplicaría, imponiendo sus intereses por encima del derecho de los afiliados.   

Todos los afiliados serían víctimas de los paros y huelgas de los médicos. Las constantes presiones gremiales elevarían el costo de la atención, reduciendo los fondos disponibles para prestar servicios oportunos y de calidad, como sucede en los hospitales públicos. El acceso al cuidado de la salud dejaría de ser un derecho universal. La población perdería la libre elección, teniendo que aceptar lo que le den, sin poder reclamar sus derechos.

En menos de un año, los recursos del Plan Básico de Salud (PBS) serían insuficientes, multiplicando los copagos, las insatisfacciones y las protestas sociales. Y las autoridades tendrían que elevar la cotización de los trabajadores y empleadores, o permitir el regreso a la doble cotización. Desaparecerían la SISALRIL y el CNSS. Cero derechos a la Seguridad Social.

 ¿Es posible garantizar derechos, sin controles ni fiscalización?

Reitero que la “administración del riesgo” constituye una función esencial para el equilibrio del PBS y para garantizar el derecho incondicional de los afiliados a los servicios de salud. Las ARS privadas, al igual que las PSS, también tienen fines de lucro y propensión a denegar servicios y para controlar ese riesgo la Ley creó a la SISALRIL.

La falla tradicional de la administración pública reside en la falta de control de costos para elevar la eficiencia y garantizar derechos. Si el CMD demuestra que las instituciones que garantizan derechos universales con recursos limitados, lo han logrado sin la necesidad de controles ni fiscalización, no vacilaré en cambiar mi posición.

Una evaluación realizada por este consultor demostró que el desempeño de las ARS es muy superior al del IDSS y a las igualas médicas juntas, pero todavía muy inferior al que le asigna la Ley 87-01. Adolecen de muchas fallas que es necesario corregir, y aun así, cuentan con la simpatía de la mayoría de los afiliados, según las encuestas disponibles.

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSP) favorece el aumento de las tarifas y honorarios mediante un diálogo y concertación que garantice el equilibrio, y que sean actualizados cuando se aumente la cápita. Pero no comparte los métodos del CMD porque sólo perjudican a los afiliados, negándoles un derecho vital y constitucional, y poniendo en peligro la más importante conquista social de las últimas décadas.   

De acuerdo a la Constitución, el Congreso Nacional tiene que fiscalizar al Poder Ejecutivo para garantizar el equilibrio y evitar excesos. Si hasta el Presidente de la República está sujeto a controles y a penalidades, ¿cómo pretende el CMD que sus miembros estén exentos del control y la fiscalización de los servicios prestados, en un sistema obligatorio y universal? ADS/463/24/11/2022