Ante la crisis del reparto público, el presidente Daniel Ortega está pagando un alto costo político por disponer que los trabajadores nicaragüenses paguen más, para recibir menos
Hace 10 años, en el 2007, el sistema previsional nicaragüense contaba con un superávit de 1,000 millones de córdobas y seis años después, al concluir el 2013, el mismo ya se había esfumado, debido a una nómina de pensionados y jubilados creciente que ya consumió las reservas financieras y supera los ingresos percibidos.
Para continuar pagando las pensiones, y evitar crecientes presiones sociales, cada mes el gobierno tiene que poner la diferencia, la cual ha ido creciendo, al grado de constituirse en un desequilibrio macroeconómico difícil de manejar en las actuales circunstancias.
Actualmente, el gobierno se enfrenta a una situación social muy delicada, y a la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya receta tradicional consiste en ajustar las finanzas públicas, para garantizar la estabilidad macroeconómica y recibir el apoyo financiero solicitado.
Y, desde luego, el ajuste más importante consiste en reducir el subsidio previsional. Ante las limitadas opciones, las autoridades aprobaron y ejecutaron un conjunto de reformas orientadas a “rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)”.
Los ajustes elevaron del 19% al 22.5% la cotización obrero patronal y eliminaron el tope de cotización. A los pensionados les modificaron la fórmula para calcular las pensiones a fin de reducirlas del 80% al 70%, y en adición, se les descontaría el 5% para cubrir su seguro de salud.
Como resultado de estos cambios, los trabajadores nicaragüenses tendrían que trabajar más años, y aumentar las cotizaciones junto a los empleadores, para finalmente recibir una pensión menor. En realidad, no se trata de nada nuevo, ya que es la misma receta de Europa y América Latina, frente a los déficits crecientes del reparto público.
El Gobierno nicaragüense aprobó estas reformas, y dispuso su aplicación, generando la oposición inmediata de los trabajadores y de los empleadores. Las protestas, encabezadas por los maestros y los estudiantes universitarios, se extendieron y la respuesta no se hizo esperar.
El alto costo político de aumentar las cotizaciones
Más de 50 personas murieron a causa de una fuerte represión, que generó indignación nacional e internacional. A tal grado, que el portavoz del Ejército de Nicaragua declaró que no reprimirán más a la población que se manifieste en contra del gobierno exigiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Al crecer las presiones, el gobierno dejó sin efecto los ajustes. Pero aun así, ni la población ni los empresarios quedaron satisfechos, creciendo las demandas de renuncia de Ortega, a quien acusan de intentar establecer una dictadura familiar, ya que su esposa ocupa la vicepresidencia del país.
Mientras redactábamos la ley de Seguridad Social, el profesor Carmelo Meza Lago visitó al Senado para defender el sistema de reparto y criticar la capitalización individual. Luego de su intervención, logré que Mesa Lago reconociera que los sistemas de reparto generan déficits actuariales que le son inherentes. Y que cuando se tornan inmanejables, se recurre a elevar las “primas mediante procesos escalonados”.
Entonces le pregunté, ante los senadores presentes, si eso significaba que las cotizaciones de los trabajadores y empleadores tendrán que ser aumentadas cada cierto tiempo, no para elevar las prestaciones, sino para cubrir un creciente desequilibrio actuarial y financiero.
No tuvo más alternativa que responder afirmativamente. Y en ese momento se confirmó la capitalización individual, ya que varios senadores señalaron el costo político de tener que aumentar las cotizaciones. (Como se diseñó y concertó la Ley de Seguridad Social, Pág. 193). El caso de Nicaragua confirma la predicción de esos senadores.
ADS/237/17/05/2018