La afiliación masiva al subsidiado resulta excluyente y costosa. Muchos no la utilizan y mantienen sus seguros privados. Su permanencia en el subsidiado los inhabilita para cotizar para su retiro, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva

La modalidad de afiliación, cotización y pago de los trabajadores por cuenta propia constituyó uno de los mayores retos al diseñar el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), debido al carácter estructural y endémico de la informalidad y la marginalidad social de nuestro país.

Este importante sector representa el 57% de la población económicamente activa (PEA), y la tercera parte de la población del país. Dado que genera millones de empleos, con un aporte importante a la economía nacional, la Ley 87-01 le reservó un régimen de financiamiento especial, adaptado a sus características laborales y socioeconómicas.

Estamos hablando del derecho a la protección social, en igualdad de condiciones y sin discriminación, de millones de taxistas, motoconchistas, buhoneros, agricultores, plomeros, electricistas, vendedores de los mercados, camioneros, artesanos, profesionales liberales y técnicos en contabilidad e informática, entre otras actividades. 

Estos trabajadores cuentapropistas no califican como contributivos, porque carecen de patronos, y tampoco como subsidiados, porque el 70% tiene capacidad contributiva, según las encuestas de mano de obra del Banco Central. Para ellos se creó el Régimen Contributivo Subsidiado: contributivo, porque pueden aportar, y subsidiado, porque necesitan del apoyo oficial para completar el costo de su afiliación.

De acuerdo con el Lic. Chanel Rosa, ex director del SENASA, el inicio del Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) constituye uno de los principales desafíos del SDSS ya que, para lograr una ampliación de la cobertura, y disminuir el gasto de bolsillo de la población, es fundamental la protección en salud de los grupos de la economía informal.

Aunque su afiliación es obligatoria y no puede ser automática ya que el Estado no tiene registro de su existencia y casi la totalidad realiza sus actividades de manera informal sin realizar registro contable. Esa realidad les impide cumplir con las normas creadas para las empresas formales, por lo que es necesario diseñar formas de afiliación, cotización y pago más simples, flexibles y de fácil ejecución.

Recordemos que los seguros sociales surgieron en las economías industrializadas donde las empresas formales afilian a sus trabajadores. Y donde los cuentapropistas están registrados y habilitados para ejercer sus profesiones, por lo que es mucho más fácil su identificación y afiliación.    

¿Por qué ignorar tres estudios técnicos independientes?

No obstante, lejos de realizar un esfuerzo creativo para viabilizar la puesta en marcha del RCS, las autoridades pasadas propusieron eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado e incorporar a esa población al Subsidiado y al Contributivo. Ese proyecto de ley fue rechazado por amplios sectores, incluyendo al empresariado, por lo cual fue engavetado.

Existen tres estudios técnicos que avalan la viabilidad y sostenibilidad financiera del RCS: el primero elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, el segundo, a cargo de técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el tercero, realizado por consultores de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), éstos últimos dos por encargo del CNSS.  

A pesar de esa clara conclusión tripartita, lamentablemente las autoridades optaron por su afiliación al Régimen Subsidiado del SENASA, pagando solo una cápita de RD260.00, la sexta parte de la cápita del Contributivo. En adición se anunció un plan piloto, sin conocer todavía su estado ni sus resultados.

La afiliación masiva al subsidiado fue una decisión política durante el COVID. Una solución poco deseada y la más excluyente y costosa. Poco deseada, porque les priva de derecho a la libre elección y los obliga a acudir a servicios públicos de baja calidad e insatisfactorios. Muchos no lo utilizan y mantienen sus seguros privados.

Y excluyente, porque al afiliarlos al subsidiado quedan inhabilitados para cotizar y ahorrar para su retiro, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva. Y es la más costosa porque, tratándose del 57% de la población económicamente activa (PEA), el Estado tendrá que darle una pensión solidaria al llegar a la vejez sin protección previsional.

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) solicita de las autoridades una mayor y más consecuente atención al reto de la afiliación de los trabajadores independientes al Régimen Contributivo Subsidiado, por considerar que es la mejor forma de garantizar tanto el acceso al cuidado de la salud, como a una pensión al momento de su retiro. ADS/523/15/02/2024