Un diagnóstico para una revisión integral

Hace falta un diagnóstico claro sobre los logros, limitaciones, exclusiones, fracasos y distorsiones de la Ley de Seguridad Social. Su ausencia enturbia la discusión y  dificulta una revisión integral que le garantice al afiliado una mayor cobertura y calidad de los servicios y prestaciones

Comparto el artículo de Reynaldo Pequero “A la Seguridad Social le llegó la hora” de este martes en el periódico HOY. Parte de una evaluación histórica para luego plantear varios de los problemas más acuciantes de un sistema de salud curativo, costoso y de escaso impacto en la salud individual y colectiva. Solo voy a comentar tres puntos.

  1. Hasta el año 2001, sólo el 7% de la población dominicana estuvo afiliada al IDSS y hoy alrededor 7.7 millones tienen seguro de salud.

Mucha gente desconoce ese avance, o se le ha olvidado, mientras otros lo callan. Por eso es altamente conveniente que una revisión integral de la Ley parta de una evaluación objetiva de sus logros, limitaciones, exclusiones, fracasos y distorsiones, Esta ausencia dificulta el objetivo de la Comisión de lograr una mayor cobertura y calidad.

En la satanización del sistema, para nada se relacionan los problemas reales existentes con la no aplicación de un verdadero plan básico de salud, con la ausencia de la atención primaria, ni con las recetas de medicamentos patentados con un precio cuatro veces mayor para que los médicos reciban una comisión, faltando a la ética.

Un diagnóstico certero y objetivo permitiría comprender que, por ejemplo, en materia de salud más del 88% de los problemas que se presentan en las vistas públicas no se originan en la Ley, sino en los reglamentos, en su aplicación, en el lucro y en una supervisión contemplativa.

  • Todavía la Seguridad Social obliga a los dominicanos a sacar de sus bolsillos,  cada año más de 90 mil millones para co-pagar sus atenciones en salud”.

Este enorme gasto de bolsillo es el problema más crítico, limitante y abusivo. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) no existe nada más dañino y perverso porque constituye una fuerte barrera al acceso de las familias más pobres y vulnerables,  empobreciéndolas más y condenándolas a demandar servicios de inferior calidad.

Una evaluación del sistema evidenciaría, con la objetividad incuestionable de las estadísticas oficiales,  que  el cobro de los copagos impuestos ilegalmente le cuesta a los afiliados mucho más que el beneficio anual de las ARS y las AFP juntas. Un análisis desprovisto de distorsiones demostraría que, por sí sola, la consigna NO ARS y NO AFP no beneficia al pueblo, solo beneficia a las PSS.

  • Estos enormes recursos no han servido para reducir de una vez por todas, la vergonzante mortalidad materna e infantil, ni las muertes por accidentes de tránsito, indicadores donde el país se mantiene en los primeros lugares.

Los intereses mercantiles de los proveedores de la asistencia médica han bloqueado las reformas estructurales previstas en la Ley 87-01. 20 años después no se ha desarrollado una cultura hacia la calidad, la dedicación y el compromiso. Tampoco  se ha modificado el sistema de contratación de los recursos humanos como dispone el Art. 173. No se cumple con los protocolos y hace falta un régimen de consecuencias.

Un análisis serio del impacto del modelo de atención sobre el estado de salud del país como dispone la Ley 87-01, explicaría por qué, a pesar de la creciente cobertura, del gasto en salud y del 43% del gasto de bolsillo, 20 años después seguimos estancados en las falencias que señala el Dr. Peguero. 

La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) reitera que la verdadera defensa de la población implica, necesariamente, no solo limitar las ganancias de las AFP y de las ARS, sino también de las PSS. No hay solución real para la gente de a pie si no se  eliminan los copagos ilegales y si no se establece la atención primaria para reducir la mortalidad materno-infantil.  ADS/398/12/08/2021

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