Necesidad de una alianza de todas las fuerzas, grupos y personalidades progresistas para definir, proponer y demandar los cambios necesarios, así como la aplicación de las reformas pendientes establecidas en la Ley 87-01

El presidente Luis Abinader considera prioritario impulsar un pacto social para actualizar la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo. El Ministro de Trabajo, Luis Miguel D Camps afirmó que con dicho Pacto se impactará de manera positiva todo el ciclo del empleo y el trabajo, asegurando así una vida digna y justa para nuestra gente.

Meses atrás Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, iniciaron los trabajos hacia una reforma integral de la Ley 87-01. En igual dirección se ha pronunciado el diputado Agustín Burgos, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Social.

La buena noticia es que, ante la creciente insatisfacción de los afiliados debido a los abusos, distorsiones y exclusiones, la cúpula gubernamentalcoincide en la necesidad de cambios estructurales para ampliar la cobertura, elevar la calidad y la satisfacción de los afiliados y reducir el gasto de bolsillo.

En las redes sociales crecen las demandas para reducir las ganancias de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), exigiendo cambios reales contra las desigualdades y los privilegios.

La mayoría de la población está insatisfecha por los copagos descontrolados y los pronósticos de recibir una pensión insuficiente, mientras se acumulan evidencias de que la seguridad social ha sido convertida en un negocio multimillonario, reduciendo a una simple mercancía un derecho humano, universal, esencial, obligatorio y solidario.

Este cambio no será fácil porque se trata de una carrera llena de obstáculos. Cualquier reducción de las ganancias y los privilegios generará una fuerte resistencia de las administradoras y proveedoras más poderosas. En cuatro décadas, de seis proyectos integrales presentados, cinco fueron abortados o engavetados y sólo uno llegó a la meta.

Sólo el empoderamiento popular podrá rechazar la contraofensiva.

La experiencia demuestra que el apoyo de los partidos políticos, no siempre es seguro, ni sostenible. En toda iniciativa de cambio, hace falta el apoyo militante de la clase media, de los grupos populares y de la opinión pública sana. Debemos respaldar públicamente a los políticos y congresistas comprometidos, y mantenernos vigilantes.

Tanto las leyes, como sus reformas, son el resultado de la correlación de fuerzas de los sectores que la integran. Es importante que todos los sectores populares se interesen y empoderen del proceso de reforma de la Ley, porque tratándose de una reivindicación popular, la única forma de alcanzarla y preservarla es mediante la participación militante.

Es necesario una alianza social de todas las fuerzas, grupos y personalidades progresistas para definir y demandar los cambios, así como la aplicación de las reformas pendientes establecidas en la Ley 87-01, porque constituyen la única forma de garantizar el acceso regular y sin obstáculos a los servicios y prestaciones de todos los afiliados.

Además, luego de la reforma integral de la Ley 87-01 y del Código de Trabajo, demandar que se revisen, actualicen y simplifiquen todos los reglamentos, para eliminar brechas, lagunas y distorsiones que niegan y/o limitan los derechos de la población.

El equilibrio y la profundidad de los cambios dependerá de una consulta transparente y democrática. Es necesario apoyar y participar en las vistas públicas convocadas por la Comisión Bicameral de Seguridad Social, porque recordemos que los aspectos más positivos de la Ley de Seguridad Social fueron el resultado de las ideas y propuestas surgidas durante una amplia consulta popular. ADS/388/27/05/2021