El pobrísimo presupuesto público en salud determina la escalada alcista del gasto de bolsillo de los hogares en servicios médicos, a pesar del aumento sostenido de la cobertura del Seguro Familiar de Salud

El gasto nacional en salud se sitúa en un 6.1% del producto interno bruto (PIB), un nivel inferior al promedio de América Latina y el Caribe, y de los países con un crecimiento económico sostenido. Incluso, naciones con una economía menos dinámica exhiben un gasto nacional en salud mayor que el dominicano.

Según ADESA tanto la situación actual como la futura resultan desalentadoras. “La tendencia en los últimos 20 años de la inversión pública en el sector salud no alcanza siquiera al 2% del PIB. De hecho, la proyección oficial para el período 2020-2022 es que se reduzca hasta el 1.7% del PIB”.

Actualmente el Estado invierte menos de la mitad del 4% previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo para el 2020, con lo cual se alejan aún más las posibilidades de cumplir con esa recomendación para el sector salud, y más aún, de asignarle el 5% del PIB para el 2030.

Lo más preocupante es que, lejos de reducirse debido al aumento de la cobertura poblacional y de los servicios del Seguro Familiar de Salud (SFS), el gasto de bolsillo continúa incrementándose en forma sostenida. Para el año 2017 representó cerca del 45% del total, mientras que el gasto directo del gobierno apenas llegó al 21%, una verdadera distorsión e inequidad social.

A esta crítica situación habría que agregarle la baja calidad del gasto público en salud, agudizada por la ampliación de la burocracia, el ausentismo laboral, las malas decisiones de directores y administradores improvisados, así como el rápido deterioro de la planta física y del equipamiento, debido a la falta de mantenimiento regular.

La atención primaria recibe una asignación pírrica 

Menos de 5 de cada 100 pesos invertidos en salud son dedicados al primer nivel de atención. Para este año la asignación asciende a RD$ 3,793.3 millones, apenas un 4.6% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública y un 9.2% del previsto para el Seguro Nacional de Salud (SNS).  El gasto per cápita es sólo 6.90 pesos por paciente, asignación muy pírrica para la puerta de entrada al sistema.

Sobre todo, para aquellos funcionarios y políticos que conciben al sector salud como una fuente de negocios y acumulación, la inversión en la atención primaria debe mantenerse en el nivel mínimo necesaria para llenar las apariencias. La prioridad es concentrar la inversión en los grandes centros hospitalarios, donde las oportunidades de enriquecimiento resultan considerablemente mayores. 

ADESA revela algo insólito, pero muy conocido: un 98.4% de la asignación al Primer Nivel de Atención es administrado de forma directa por la dirección y coordinación nacional del programa, inhabilitando al personal del nivel local para atender y resolver los problemas más elementales del día a día.

Entre otros factores, esta centralización irracional determina la escasa capacidad resolutiva del Primer Nivel de Atención, al abandonarlos a su propia suerte y manejarlos a control remoto desde un nivel central controlado por políticos con prioridades muy distantes de las necesidades locales, tanto de los pacientes, como del propio personal de salud.

Al concluir los comentarios a la investigación de ADESA sólo queremos reiterar nuestra felicitación, desearle muchos éxitos más y exhortar a sus directivos y colaboradores a continuar haciendo aportes valiosos que contribuyan a hacer realidad el derecho universal a la salud. ADS/301/22/08/2019