En el 2019 nos enfrentamos a dos grandes retos: la reforma inmediata de algunos puntos críticos de la Ley 87-01 de Seguridad Social, y la puesta en marcha de las transformaciones que la misma establece

En este año 2019, la seguridad social alcanzará su mayoría de edad, con un saldo agridulce. Si bien constituye un avance social importante en relación a la situación anterior, no es menos cierto que la protección ha quedado mediatizada por los grupos de presión y los intereses mercantiles predominantes. Por eso cada día se escucha con mayor intensidad que “la seguridad social ha sido convertida en uno de los negocios más lucrativos”.

En términos sociales, este año 2019 tiene un significado muy especial, ya que constituye el preludio de un año electoral, lleno de incertidumbres, polarizaciones, enfrentamientos, esperanzas y riesgos sin precedentes.

La experiencia demuestra que, durante los procesos electorales, la politiquería y el inmediatismo terminan condicionándolo todo, dejando muy poco espacio para asumir responsabilidades y promover transformaciones sociales. El hecho de que las elecciones se celebren en la mitad del año, contribuye a acentuar la inercia social.

Por lo tanto, los grandes retos urgentes que enfrenta el país en el área de la Seguridad Social deben enfrentarse ahora, porque lo que no se logre en este año, inevitablemente quedará pospuesto para el 2021 dependiendo, en el mejor de los casos, de la nueva correlación de fuerzas derivada de las elecciones nacionales.

Siendo optimista, creo que en este año es posible avanzar hacia una mayor protección social, al menos en determinadas áreas críticas, como resultado de las crecientes demandas de la población y de la opinión pública, y del trabajo de varias instituciones oficiales y de algunas dependencias del Sistema de Seguridad Social.

Elevar la protección social: mayor afiliación, más cobertura y mejores servicios

La meta nacional de alcanzar una mayor protección social implica avanzar por una autopista de dos carriles: a) ampliando la cobertura horizontal, mediante la afiliación de los grupos sociales postergados y excluidos; y b) elevando la cobertura vertical, incluyendo más servicios y al mismo tiempo, mejorando la calidad y oportunidad de su entrega.

Por esa razón insisto en que, si el objetivo de las autoridades es elevar el nivel de protección social de todos los dominicanos, tan importante es la reforma inmediata de algunos puntos críticos de la Ley 87-01, como la puesta en marcha de las transformaciones que la misma establece, y que han permanecido congeladas por más de tres lustros.

Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo han reiterado la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social. El año pasado se avanzó en esa dirección y se espera que, asimilando la frustración de hace dos años, las propuestas se concentren en los cambios puntuales reconocidos por todos como esenciales y urgentes.

Por ejemplo, en reducir las comisiones de las AFP; en aumentar gradualmente las cotizaciones para elevar la tasa de reemplazo a niveles socialmente aceptables; y en fortalecer a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) a fin de eliminar la evasión y elusión, entre otros temas perentorios.

Pero también es necesario reducir los copagos ilegales que constituyen una barrera económica al acceso. Impulsar las reformas pendientes, reorganizando la prestación de los servicios de salud a partir del primer nivel de atención como puerta de entrada a la red; agregar otros servicios esenciales y elevar el límite de los medicamentos.

Además, iniciar la afiliación de los trabajadores independientes y de las familias pobres no cubiertas; garantizar la afiliación de todos los pensionados al Plan Básico de Salud (PBS), e indexar el monto de las pensiones congeladas desde hace 14 años. Para enfrentar retos tan importantes, es necesario duplicar las demandas y los esfuerzos. ADS/269/10/01/2019