Consensuar la reforma estructural de la salud

La reforma de la salud pública fue aprobada por las leyes 42-01 y 87-01. El diálogo nacional debe lograr el mayor consenso posible para su aplicación gradual, a fin de contar con servicios públicos suficientes, de calidad, oportunos y de aceptación general

El inicio de una reforma estructural de la Policía Nacional (PN) constituye un paso sin precedentes en el país, en medio de la creciente inseguridad ciudadana por la frecuencia de los atracos y asaltos contra la población indefensa, y por la acumulación de muertes y atropellos a cargo de miembros de la PN.

El presidente Luis Abinader logra un salto cualitativo en su gestión gubernamental al anunciar cambios importantes en el corto y largo plazo, reafirmando su compromiso de reformar la uniformada, hasta convertirla en una institución moderna, con policías debidamente entrenados para garantizar el orden y el respeto a los derechos humanos.

Habrá que ver hasta dónde puede llegar la reforma de una institución con poder, tan corrompida desde la cabeza hasta los pies, con una cúpula que se enriquece de manera sistemática, rodeada de privilegios e impunidad, mientras paga salarios de miseria a los policías, obligados a delinquir “por órdenes superiores”. Todo dependerá del apoyo y el acompañamiento de la población a esta iniciativa presidencial.

Pero esta reforma tiene tres particularidades importantes que inducen a una esperanza cautelosa. Primero, responde a un diagnóstico serio y consensuado de una comisión externa a la PN, integrada por personas de probada credibilidad. Segundo, el país ha solicitado el asesoramiento técnico de las policías de EEUU, España y Colombia. Y tercero, se contrató a una firma internacional para evaluar a todos los miembros de la uniformada.

 Apoyamos la reforma integral de la salud y la seguridad social

El presidente Abinader está consciente de que el país también espera la tan anhelada y retardada reforma del sistema público de salud. No se justifica gastar más dinero público para recibir lo mismo, cometiendo los mismos errores, mientras se le promete a la población una mayor cobertura, calidad y satisfacción. 

No es posible continuar pasivos e indiferentes frente a un alarmante deterioro de la atención pública y la consecuente privatización de la salud, con elevados niveles de mortalidad materno-infantil, y un gasto de bolsillo multimillonario que bloquea el acceso y empobrece más a las familias más pobres y vulnerables.

La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) sostiene que esta es quizás la última  oportunidad de iniciar cambios sustanciales en el sistema nacional de salud. Por esa razón, apoya la inclusión de la salud y a la seguridad social en las reformas a consensuar con los partidos políticos, empresarios, sindicalistas y la sociedad civil.    

A diferencia del caso de la Policía Nacional, durante la década del 90 y principios de este siglo, la reforma del sector salud fue suficientemente estudiada por especialistas muy calificados, con la cooperación del PNUD y préstamos por 115 millones de dólares del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Y, además, con la ventaja de que las más importantes reformas ya fueron incluidas y aprobadas por las leyes 42-01 y 87-01. En los otros aspectos a reformar, ahí están decenas de estudios e informes cuyas recomendaciones no han perdido vigencia, porque tenemos más de tres décadas haciendo más de lo mismo.

El escenario elegido por el presidente Abinader  del Consejo Económico y Social (CES) es el más apropiado, porque las reformas están definidas por la ley y lo que se requiere es lograr el mayor consenso posible para su aplicación gradual, y avanzar hacia la meta nacional de contar con servicios públicos suficientes, de calidad, oportunos y de aceptación general. ADS/407/21/10/2021  

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